El año del Bicentenario de Bolivia también se presentó como el cierre de un ciclo en el sistema judicial con al menos cinco hitos que se convierten en señales de “que tenemos una justicia que ya no se doblega al poder político”. Entre ellos están el cierre de la Comisión 898 y la posterior eliminación del Ministerio de Justicia; el fin de los magistrados “auto prorrogados”; la liberación de varios detenidos políticos; garantizar las elecciones generales sin dar curso a amparos constitucionales en pleno proceso y el inicio de un diálogo interinstitucional para la reforma judicial.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, brinda a EL DEBER un balance de los hechos que se suscitaron este 2025, que, si bien marcan un antes y un después, la administración judicial sigue arrastrando una de sus más grandes falencias, como son los escasos recursos que le designa el Estado a través del Presupuesto General: 0,05%.
Los hitos del cambio
Después de nueve años, en agosto de 2025, el TSJ cerró la Comisión 898, creada por la Ley 898 para hacer seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia de 2017. Para Saucedo el cierre de esta Comisión “permitió que nos liberemos del Ejecutivo y que el Ministerio de Justicia deje de estar a la cabeza del sistema judicial”. Dicha comisión era presidida por el ministro de Justicia de turno.
El segundo hito es la revisión extraordinaria de sentencias de “detenidos políticos” que estaban con detenciones preventivas en distintas cárceles por más de cuatro años. Tal es el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Áñez, cuya sentencia de 10 años de cárcel fue anulada, y el caso del ex cívico potosino, Marco Antonio Pumari.
En este punto, se anota también la detención preventiva en la cárcel de San Pedro del expresidente Luis Arce (12 de diciembre), acusado e investigado – en su calidad de ex ministro de Economía – por el desfalco del Fondo Indígena. “Son señales de que ya no existen fueros ni privilegios y que la justicia se va aplicar a todos por igual”, dijo Saucedo.
El tercer hito que marcó 2025 en la justicia fue el fin de las funciones de los magistrados denominados “auto prorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes tras casi dos años de permanecer en sus cargos más allá de lo que manda la Constitución, fueron cesados a través de un Auto Constitucional 008/2025.
A pesar de que un juez de Santa Cruz emitió órdenes de aprehensión contra las exautoridades, 2025 cierra con un panorama incierto sobre el proceso penal contra ellos.
Tras unas elecciones judiciales parciales en diciembre de 2024, producto de una ola de amparos constitucionales y acciones judiciales en contra, el TSJ marcó el cuarto hito “dando seguridad a las elecciones generales”, desde la perspectiva de su presidente. Y es que los pasados comicios no estuvieron exentos de acciones judiciales contra candidatos, partidos y hasta los vocales del TSE, no obstante, ninguno de esos recursos frenó el proceso electoral. “Dijimos que aquellos jueces que intenten frenar el calendario electoral no solamente iban a ser procesados, sino que también iban a ser expuestos ante la sociedad”, recordó.
En el quinto hito se anota el inicio hacia una reforma judicial. Tras el cierre de la Comisión 898, los magistrados electos en 2024 y el gobierno del presidente Rodrigo Paz, también apuestan por transformar la justicia.
Para ello los cuatro poderes del Estado más organizaciones de la sociedad civil y cuerpo diplomático realizaron un “Primer diálogo interinstitucional para la reforma judicial” que concluyó con cuatro puntos: Impulsar una reforma normativa; ajustar un presupuesto adecuado al Órgano Judicial destinando al menos el 5% del PGE, implementar la justicia digital e impulsar la carrera judicial con base en la meritocracia.