“Vamos a citar a toda autoridad o funcionario vinculado”, advirtió el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, al referirse a la investigación abierta por el accidente del avión Lockheed C-130 Hércules ocurrido en El Alto, que dejó 21 personas fallecidas y 23 heridas, según reportes oficiales del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
La autoridad explicó que el Ministerio Público de Bolivia abrió dos investigaciones paralelas para esclarecer el hecho: una relacionada con las muertes y lesiones provocadas por el siniestro, y otra que apunta a posibles delitos vinculados al manejo de la aeronave y al uso de recursos del Estado.
“El Ministerio Público tiene dos casos que están investigando este hecho. El primero está vinculado exclusivamente a las muertes y a los heridos, y el segundo está relacionado con la destrucción de bienes del Estado, el incumplimiento de deberes e incluso una conducta antieconómica”, explicó Torrez en conferencia de prensa.
La investigación principal está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, que indaga el hecho por homicidio culposo y lesiones culposas, mientras se analizan las circunstancias en las que ocurrió el accidente de la aeronave con matrícula FAB-180.
Como parte de las primeras diligencias, el Ministerio Público ya tomó declaraciones informativas de tripulantes del avión, quienes relataron el desarrollo del vuelo desde su partida en Aeropuerto Internacional Viru Viru hasta su llegada al aeropuerto Internacional de El Alto.
Además, se recaba información técnica de distintas instituciones, entre ellas Fuerza Aérea Boliviana, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos y la torre de control, para analizar factores como las condiciones meteorológicas, el peso de la carga transportada y las instrucciones dadas durante el aterrizaje.
Posibles responsabilidades administrativas
La segunda línea investigativa se centra en determinar si existieron omisiones o irregularidades administrativas en la autorización del vuelo y en el transporte de la carga que llevaba la aeronave.
En ese marco, la Fiscalía busca reconstruir el “tracto administrativo” que permitió la utilización del avión militar, incluyendo las autorizaciones, comunicaciones y decisiones adoptadas antes del siniestro.
“Queremos saber, como también la población, si ha sido una falla humana, una falla técnica o si fueron condiciones climáticas las que influyeron en este lamentable accidente”, señaló Torrez.
Ante consultas de la prensa sobre la eventual citación del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinoza, —como responsables del manejo del dinero transportado o de la operación del vuelo— el fiscal departamental indicó que no se descarta convocar a funcionarios de alto nivel.
“Nosotros vamos a citar a toda autoridad, todo funcionario que esté vinculado efectivamente a este hecho”, afirmó la autoridad, al aclarar que la comisión de fiscales primero debe recabar documentación y sustento técnico antes de determinar responsabilidades.
Torrez agregó que también se coordinará con la Junta Militar de la Fuerza Aérea, que inició su propia investigación interna sobre el accidente, con el fin de cruzar información técnica y esclarecer las causas del siniestro.
Mientras avanzan las pesquisas, el Ministerio Público insiste en que la investigación se mantiene contra autores, es decir, sin personas formalmente sindicadas hasta el momento, mientras se analiza la documentación y los informes técnicos que permitirán establecer si hubo negligencia, omisiones o fallas operativas en el vuelo que terminó en tragedia.