Inaudito. Una de las razones para pedir la detención preventiva de la exdirectora del exfondo indígena, Elvira Parra, fue la de esperar la declaración de una decena de personas involucradas en el caso. Entre las personas convocadas está la del exdirector ejecutivo, Marco Antonio Aramayo, pese a que este falleció en 2022, precisamente acusado por este escándalo.
“Tenemos la declaración pendiente de Aníbal Willy Crispín Machicado, director técnico de proyectos; Marco Antonio Aramayo Caballero, exdirector ejecutivo del Fondioc; Blenda Jaimes Piñeiro, encargada de gestión jurídica; Luis John Canaviri Saigua, jefe de la unidad de ajuste de proyectos; Ariel Alberto Marino Mercado; es en esas personas que la ahora imputada (Elvira Parra) en libertad va a influir negativamente”, relató el fiscal Omar Condori sin reparar que el exdirector falleció hace 4 años.
La mañana de este jueves, el juez William Rodríguez dispuso la detención preventiva de Elvira Parra por el lapso de cinco meses en el penal de Miraflores, pese a que ésta y su defensa presentaron certificados médicos emitidos por el IDIF sobre las dolencias que tiene y la imposibilidad de permanecer recluida. El juez pidió un certificado médico “actualizado” que disponga que la acusada padece de una enfermedad terminal para darle una medida alternativa.
Aramayo fue el principal acusado de este escándalo, pese a que él fue el denunciante del desfalco que se había producido. Fue acusado en 256 procesos y viajaba de forma permanente para acudir a sus audiencias diseminadas por todo el país. En estas circunstancias, falleció en abril de 2022. Pero ahora, el fiscal Condori dijo que debe prestar su declaración.
Según Vladimir Gonzales, abogado defensor de Elvira Parra, la principal acusada Nemesia Achacollo ya se encuentra en la clandestinidad porque vendió todas sus propiedades en el departamento de Santa Cruz y dejó el país. No hubo forma de hallarla en su domicilio y se enteraron de lo que hizo la exministra de Desarrollo Rural, puntualizó.
Parra dijo que padece de diabetes tipo 2, hipertensión arterial y artrosis severa, todo certificado por el IDIF, cuando estuvo detenida en el penal de Obrajes. Por esa razón, el juez pidió un certificado ‘actualizado’ de esas dolencias.