Las organizaciones políticas que participarán en las elecciones subnacionales del 22 de marzo suscribieron este jueves, 22 de enero, en Santa Cruz, los Compromisos por la Democracia, un acuerdo impulsado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fija reglas de conducta para la campaña, el respeto a los resultados y la preservación de la institucionalidad electoral
El documento fue firmado en el Encuentro Multipartidario rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026 y establece obligaciones concretas para frenar la guerra sucia, la desinformación, la judicialización del proceso electoral y los cuestionamientos sin sustento técnico al Padrón Electoral Biométrico.
Respecto a la campaña y propaganda, las organizaciones políticas se comprometen a evitar noticias falsas, contenidos manipulados y narrativas engañosas, así como cualquier forma de acoso o violencia política, en especial contra mujeres y miembros de la comunidad LGBTI. También se establece la obligación de respetar bienes públicos y privados y de participar en espacios de debate programático organizados por el Órgano Electoral, medios de comunicación y la sociedad civil.
El acuerdo incorpora, además, un compromiso del propio TSE para fortalecer los mecanismos de supervisión digital, garantizando transparencia y trazabilidad en la comunicación política en línea, sin menoscabar la libertad de expresión.
Padrón, resultados y preclusión
Otro eje central del documento es el Padrón Electoral Biométrico, reconocido como base indispensable de la confianza electoral. Las fuerzas políticas acordaron participar en todas las fases de su conformación, asistir a los laboratorios de integridad electoral y ejercer los mecanismos de control previstos por ley, evitando su uso como herramienta de confrontación política sin sustento técnico
Asimismo, los partidos asumieron el compromiso de respetar los resultados electorales, reconociendo que su aceptación es condición indispensable para la gobernabilidad democrática y una expresión directa del principio de soberanía popular. El acuerdo también destaca el carácter informativo del sistema de transmisión rápida de resultados preliminares, sin sustituir el cómputo oficial.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, enmarcó la firma del acuerdo como un momento decisivo para la democracia boliviana y recordó que la responsabilidad de garantizar elecciones libres, transparentes y confiables es compartida entre el Órgano Electoral, las organizaciones políticas y la ciudadanía.
Ávila reivindicó el principio de preclusión como pilar del proceso electoral y advirtió que sin seguridad jurídica no puede haber democracia. En esa línea, los compromisos firmados rechazan expresamente la judicialización del proceso electoral y ratifican el respeto a las decisiones del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales:
“El respeto a la legalidad no es optativo ni negociable”, sostuvo Ávila y exhortó a las organizaciones políticas a cumplir las reglas incluso cuando las decisiones no favorezcan intereses particulares, como garantía del derecho ciudadano a un voto libre e informado.
Paridad y plazos
El acuerdo también incluye el compromiso de cumplir los plazos del calendario electoral, en particular la sustitución de candidaturas inhabilitadas hasta el 5 de febrero de 2026, garantizando la paridad y alternancia, considerada una conquista democrática que debe profundizarse en cada proceso electoral
Las elecciones del 22 de marzo renovarán autoridades en 343 municipios, nueve gobernaciones y la Autonomía Regional del Chaco, con la elección de gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas y autoridades regionales en todas las entidades territoriales autónomas del país.
En sintonía con este acuerdo, el vocal del TSE Carlos Alberto Goitia sostuvo que las campañas basadas en ataques y desinformación no generan beneficios electorales reales. “La guerra sucia no suma votos, por el contrario, hace perder el potencial de una candidatura. El ciudadano está más interesado en propuestas y soluciones”, afirmó, al remarcar que este tipo de prácticas deteriora la confianza ciudadana y la calidad democrática.