“Se accede a la tierra al precio más barato. Todas las tierras tituladas se han valorizado muchísimo y son casi inaccesibles, por tanto, no tienen la misma rentabilidad que tomar las tierras de manera irregular”, respondió Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra, a la pregunta sobre si incendiar es un negocio rentable.
Según Colque, la presión del tráfico de tierras de los últimos dos años tiene un sentido económico porque las tierras tomadas a la fuerza se venden sin título agrario y lo que en realidad se vende es el derecho de posesión.
Cuestionó que,incluso, ya existe una figura jurídica que el notario reconoce, la de posesión o derecho de uso, que se vende más barato, a pesar de que lo que debería transarse en el mercado de tierras es el título agrario.
“Esto tiene el efecto negativo de que se afectan tierras fiscales, forestales, áreas de conservación, o que están en proceso de titulación. Es la manera en que se introducen al mercado, irregularmente, tierras que no tienen legalidad y que no han concluido con un proceso de saneamiento. Y la tierra sin monte vale más”, lamentó.
Lo llamativo y peculiar de este año, dijo el investigador, es que los incendios se dan en lugares ‘no tradicionales’, como en la reserva natural Choré, San Buenaventura, Yapacaní, el norte del Chapare, San Ignacio de Moxos, la parte norte del Tipnis, y toda la franja que va hasta el norte de La Paz.
“Es como un daño de consolidación, a gran escala, de estas autorizaciones arbitrarias de quemas, desmontes y asentamientos”, apuntó el especialista.En términos macroeconómicos, Colque dijo que “esta cultura del fuego” refleja la política económica del país, orientada a la sobreexplotación y extracción de recursos naturales. Apuntó a que el Gobierno nacional, hace 10 años, en la cumbre Sembrando por Bolivia, tomó la decisión equivocada de sustituir la venta del gas con el modelo agropecuario extractivo.
“Por eso, ha dado tantas libertades para desmontes y autorizaciones. De hecho, la Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras (ABT) tenía una gran presión para llegara la meta de 200.000 hectáreas de desmonte autorizado por año. Había una carrera loca que cumplir hasta 2025, de ampliar la frontera agropecuaria a 10 millones de hectáreas y duplicar el ganado vacuno en el país”, aludió.
El economista ambiental Stasiek Czaplicki, cree que es más barato comprar tierra forestal y convertirla en agrícola, que invertir en tierra agrícola existente para mejorar su productividad y longevidad. Además, ese terreno aumentará de valor, lo que insinúa el próspero negocio detrás de la agricultura en Santa Cruz.
“El negocio de la soya no es realmente un negocio de soya”, dijo Czaplicki. “Es un negocio de tierra”. Adicionalmente, se debe considerar que tiene un costo transformar la tierra: 350 dólares en promedio por hectárea desmontada, y otros 400 por prepararla y plantar. Los más ‘sencillo’ es quemar para este proceso.
Un funcionario del INRA, quien pidió guardar su nombre en reserva, dijo que para esta fecha se tenía prevista la verificación de la Función Social (FS) de la tierra para los asentamientos, de acuerdo con la agenda presentada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó créditos para los procesos de saneamiento.
De cocaleros a soyeros
Gonzalo Colque observó un cambio “novedoso” en la expansión agrícola de los últimos años. Cree que ahora los cocaleros se están convirtiendo en soyeros, un producto cuyos precios se han mantenido atractivos en el mercado.
“En términos agrícolas, los dos cultivos más rentables son la coca y la soya. Los cocaleros que tienen excedentes económicos compran tierras agrícolas en Santa Cruz. La diferencia es que con la soya puede lavarse dinero porque es una actividad legal y de exportación. Hay mucha inyección económica de ahorros del sector campesino del Chapare”, dijo el especialista.
Como ejemplo puso los casos de los predios El Triunfo, Las Londras y la Reserva Forestal Choré que llega a unirse con el Norte Integrado de Santa Cruz y compartió que el modo de operar es poner a comunarios como palos blancos, pero en la realidad existe un dueño en esas comunidades.
Todo esto ha sido posible gracias a una ‘jugada jurídica’, la de autorizaciones de asentamiento. “El origen del problema es haber creado este mecanismo llamado autorizaciones provisionales de asentamiento” que no existía ni en las normativas de 1996 ni de 2005, y que, según Colque, desde hace 10 años abrió una puerta arbitraria de dotación de tierras fiscales.
“Las autorizaciones dan demasiada autoridad al INRA para entregar las tierras, según cálculos o intereses sectoriales. Es un mecanismo casi perfecto para traficar la tierra desde el nivel estatal”, dijo.
¿Uso político del fuego? Los incendios de 2019 generaron un clima político adverso para la imagen del gobierno de Evo Morales. Ahora, hay quienes creen que detrás de las quemas de este año está la pugna entre seguidores del presidente Luis Arce y quienes alientan que Evo vuelva al poder. Cirilo Sonabi, exconcejal de Yapacaní y actual dirigente de los interculturales de Yapacaní, apuntó al incendio en Choré, dijo que lo que está ocurriendo tiene que ver con avasalladores que ahora están siendo avasallados. “Los de la Federación del Choré acusan a los interculturales de Yapacaní de incendiar, pero son ellos los que están quemando”, indicó la autoridad edil. Aseguró que se trata de una pugna política y explicó que los interculturales de Yapacaní coordinan gestión con Arce y que los “chapareños” de Choré, junto con su asambleísta departamental, Clemente Ramos, con Morales. “Todo eso se hace por instrucción de Evo”, aseguró la exautoridad. Para Katsumi Bani, exalcalde de San Juan, “quemar es una estrategia política que nace de la ignorancia; existe una situación geopolítica”, coincidió. Había una carrera loca para ampliar la frontera agrícola a 10 millones de ha hasta 2025”