La convocatoria de la bancada del MAS al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a un informe oral el 7 de abril tiene ambigüedades que puede resolver en la Asamblea Departamental de Santa Cruz, afirmó el abogado constitucionalista, José Antonio Rivera.
“La jurisprudencia ambivalente del Tribunal Constitucional ha establecido que la potestad de fiscalización a los actos administrativos de las entidades territoriales autónomas corresponde al Órgano Legislativo de cada Gobierno autónomo; pero en algunas sentencias ha dejado traslucir que cuando se trata de competencias compartidas o concurrentes y el Gobierno central asigna recursos para la determinados actos administrativos, le correspondería la Asamblea Plurinacional realizar la fiscalización, criterio que personalmente no comparto porque desnaturaliza el alcance del régimen autonómico”, explicó el especialista en temas constitucionales.
Los diputados del MAS plantearon una Petición de Informe Oral (PIO) al Gobernador de Santa Cruz, la misma que fue fijada para el 7 de abril a las 16:00 en la comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías sobre el caso del decreto 373 que fue publicado en la Gaceta Departamental y luego retirado de esa plataforma.
La diputada Luis Nayar (CC) explicó que la bancada del MAS solo busca sobredimensionar el caso del decreto y no corresponde la presencia del gobernador, puesto que existe una instancia de fiscalización interna en el departamento.
“El reglamento de la Cámara establece que se debe pasar un informe ante el pleno, pero es ambiguo porque no dice qué sanción se puede dar y quién establece esa sanción, y conociendo el actuar del MAS, puede suceder cualquier cosa”, dijo la legisladora de oposición.
El artículo 141 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que “en caso de inasistencia injustificada de los Gobiernos Autónomos de las Entidades Territoriales y Universidades Públicas, la Comisión informará al Pleno de la Cámara, quien derivará las representaciones que fueran pertinentes ante órganos competentes o autoridad requerida y dispondrá la sanción que corresponda”, no señala cuál sería el órgano competente para esa sanción.
José Antonio Rivera dijo que personalmente él considera que debería intervenir la Asamblea Departamental de Santa Cruz, porque se trata de temas administrativos que deben solucionar en este departamento.
“En este caso concreto independientemente de las razones que haya motivado la convocatoria, la Asamblea Legislativa Departamental debiera promover un conflicto de competencias frente a la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, sugirió.
Este viernes, el gobernador de Santa Cruz reiteró que el polémico decreto 373 nunca entró en vigencia y que fue un error administrativo. Acusó al Gobierno de generar un conflicto artificial para seguir con la campaña de persecución que tiene contra autoridades opositoras al MAS.