Para las 14:00 de este jueves fue reprogramada la audiencia del magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Campero, quien fue involucrado en el “caso consorcio” debido a que, supuestamente, pretendía ocupar el cargo de la magistrada titular Fanny Coaquira, aprovechándose de un fallo irregular emitido por el juez Fernando Marcelo Lea Plaza. El magistrado suplente fue aprehendido el martes, cuando se presentó ante el Ministerio Público para declarar de forma voluntaria por los delitos de tráfico de influencias y consorcio de jueces, fiscales y abogados. El caso sigue en desarrollo y, según fuentes de la investigación, no se descarta la emisión de nuevas órdenes de aprehensión.
Campero es suplente de la magistrada Fanny Coaquira, quien iba a ser removida de su cargo por un fallo emitido por el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, actualmente detenido en la cárcel.
La audiencia del magistrado debía de desarrollarse el miércoles por la noche, pero fue suspendida y reprogramada para las 14:00. La Fiscalía está pidiendo su detención preventiva en la cárcel, mientras de desarrollan las investigaciones del caso.
Sheyla Monzón, abogada de Iván Campero, rechazó la solicitud de detención en la cárcel al señalar que no se ha demostrado la probabilidad de autoría de su defendido en los delitos de tráfico de influencias y consorcio de jueces, fiscales y abogados.
Además, Monzón dijo que se vulneraron se derechos y garantías constitucionales cuando fue aprehendido, pese a que se presentó voluntariamente a declarar para coadyuvar con la investigación de la Fiscalía.
Vocal detenida
El caso se centra en un supuesto plan para destituir ilegalmente a la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, para que su suplente, Iván Campero, asuma el cargo. La declaración clave en el caso fue proporcionada por el juez Fernando Marcelo Lea Plaza, actualmente con detención preventiva en el penal de San Pedro.
En su declaración ampliada, Lea Plaza aseguró que fue presionado para emitir una resolución contra Coaquira bajo amenaza de perder su cargo. Señaló directamente al ex ministro de Justicia César Siles, así como al magistrado suplente Campero, la exvocal Claudia Castro y el ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova.
La Fiscalía de La Paz emitió anoche una orden de aprehensión contra César Siles, tras ser implicado en el denominado “caso Consorcio”, una investigación que destapó una presunta red de manipulación judicial con el fin de favorecer a determinados actores del sistema de justicia, a través de presiones y uso indebido de influencias.
“En base a los últimos elementos que se han podido colectar, la comisión de fiscales ha emitido una resolución de aprehensión y un mandamiento contra esta persona”, confirmó el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, en referencia a Siles. La medida se produce una semana después de que se conociera la denuncia y días después de que el exministro presentara su renuncia, en medio de crecientes sospechas y rumores.
Ayer se desarrolló también la audiencia de medidas cautelares contra Claudia Castro, considerada una figura central en la red. El Ministerio Público solicitó su detención preventiva por seis meses, pero al final de la audiencia el juez ordenó una detención preventiva por 120 días.
En este contexto, la abogada de Lea Plaza, Zuleika Lanza, dijo que no estaba de acuerdo con el fallo. Consideró que “por igualdad procesal” apelará tras considerar que Castro elaboró la resolución, siendo -en su criterio- autora material e intelectual de la resolución que provocó el escándalo.
Sobre los cuestionamientos a la documentación presentada por la magistrada Fanny Coaquira para su habilitación como candidata, el fiscal general Mariaca aclaró que esa responsabilidad recaía en las comisiones de la Asamblea Legislativa. “Ellos eran el filtro y si no cumplieron su labor, eso no le incumbe al Ministerio Público”, enfatizó, al tiempo de defender que Coaquira fue legítimamente elegida por voto popular en La Paz, a pesar de la ausencia o probable dolo en la presentación de los requisitos para ser elegida.
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