Los funcionarios de la Embajada de Venezuela en la ciudad de La Paz, salieron antes de que en Bolivia se realizara la segunda vuelta electoral, es decir, antes del 19 de octubre de 2025, no fue reciente ni una decisión del actual gobierno, aclaró ayer el canciller Fernando Aramayo.
La autoridad afirmó que el Gobierno de Rodrigo Paz sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro y está presto a reestablecer relaciones diplomáticas plenas con ese país, apenas se den las condiciones para ese acercamiento.
“Como ustedes saben, a días de haberse definido el desenlace de la segunda vuelta abandonaron el país, entonces no ha sido una decisión del gobierno boliviano, sino ha sido una decisión del Estado venezolano. Nosotros no hemos emitido ningún criterio referido a una solicitud de salida, retiro o exclusión en absoluto”, subrayó el jefe de la diplomacia boliviana.
En las últimas horas, en la ciudad de La Paz donde está el edificio de la Embajada de Venezuela, se constató que el edificio está prácticamente sin un solo residente de ese país ni representante diplomático de ningún rango.
Se estima que los últimos funcionarios diplomáticos abandonaron territorio boliviano los primeros días de noviembre, incluso antes de que el presidente Rodrigo Paz asumiera el mando del Estado, porque la última comunicación de la legación diplomática fue el 1 de noviembre de 2025 cuando comunicó que se suspendieron todos los trámites para obtener el pasaporte, apostilla o otros relacionados con el servicio Saime (Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela).
Es decir, que desde hace dos meses no existe una representación diplomática oficial de Venezuela en Bolivia, no obstante, el canciller Aramayo aseguró que la presencia consular de Bolivia en Venezuela está plenamente garantizada para atender a las más de seis mil personas bolivianas que radican en ese país.
En ese marco, el Gobierno aseguró que está en comunicación con la representación consular para atender cualquier solicitud de apoyo que incluso contemple el retorno de los connacionales a Bolivia.
Control de migrantes
En relación con los ciudadanos venezolanos que viven en Bolivia, Aramayo reconoció que no existe un registro preciso sobre su número ni sobre su estatus migratorio, debido a que en gestiones anteriores no se habilitaron mecanismos de regularización. Señaló que esta situación será evaluada por el actual Gobierno para definir acciones futuras.
“Hay muchos venezolanos indocumentados en el país y esto es algo que estamos analizando para poder ver cómo trabajar hacia adelante”, sostuvo, al anunciar que se emitirá una comunicación oficial para establecer mecanismos que permitan identificar cuántos son, cuál es su situación legal y cuáles son las características de su permanencia en Bolivia.
El canciller también advirtió que se aplicará la normativa vigente para evitar que personas vinculadas al anterior régimen venezolano utilicen de manera oportunista las políticas migratorias del país. En ese sentido, aseguró que Bolivia se sumará a los esfuerzos de otros Estados que evalúan medidas similares, siempre en el marco de la ley.
El Gobierno reiteró que su posición frente a la situación venezolana se rige por los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.