La justicia de España dio vía libre a la extradición del joven boliviano Sebastián D, un descendente alemán acusado en Bolivia de violar a un niño de 12 años. El sospechoso, detenido en una prisión preventiva de Madrid desde agosto de 2024, salió del país para eludir el proceso legal, de acuerdo con la evidencia de la Fiscalía.
El fallo fue emitido por la sala penal de la Sección Segunda de Madrid y estuvo conformada por los magistrados Fernando Andreu Miralles, María Teresa García Quezada y Ana Victoria Revuelta.
Las autoridades de ese tribunal de justicia ahora solo esperan el último paso que deben dar sus pares en Bolivia a merced de una coordinación entre la Cancillería y la Interpol. La decisión se conoció ayer, pero el dictamen fue emitido el 11 de diciembre de 2024.
De acuerdo con el expediente y la decisión de los jueces que está consignada en este fallo, la Fiscalía de España sustanció la pesquisa con prontitud debido a la relevancia que implica tener a un infante como víctima de un delito. Según esas diligencias, revisadas ayer por EL DEBER, el fiscal general, Róger Mariaca, pidió formalmente la extradición del procesado al tener una acusación formal para un juicio oral que debe resolverse en un tribunal de Santa Cruz, por cargos de violación a un niño de 12 años. Este delito pudo cometerse en instalaciones del colegio Alemán.
La abogada de la víctima Jéssica Echeverría, quien además es responsable de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, destacó la “contundencia” del veredicto español y la tramitación que hizo Mariaca.
“Valoro la actuación de los magistrados españoles y de las fiscalías de ambos países, porque buscamos justicia para el niño y su familia. Esperamos que prime la voluntad en la Cancillería y la Interpol para hacer las últimas diligencias y que el acusado sea trasladado hasta Santa Cruz para presentarlo al tribunal”, dijo Echeverría al diario EL DEBER.
Pero, pese a que la Fiscalía española fundamentó la entrega del procesado se encontró ante una férrea defensa para evitar el traslado del joven acusado a Bolivia.
La defensa se opuso en todo. Exigió “que se ponga en conocimiento de las autoridades alemanas” su situación. No obstante, a finales de diciembre, la Fiscalía de Berlín comunicó que no iba a solicitar la entrega del joven, señala el reporte que hizo el periodista Javier Corbacho para el diario El Español, quien luego conversó con este rotativo respecto a los detalles de este proceso legal.
De ahí es que se sabe que la defensa del encausado aseguró en la audiencia que su cliente no había cometido los hechos de los que se le acusa y advirtió de “una posible motivación política de la solicitud de extradición”. De este modo, argumentó “el riesgo de persecución por motivos ideológicos y de que el acusado sea sometido a un trato inhumano y degradante en caso de ser extraditado” al país.
El tratado de extradición entre Bolivia y España está vigente desde 1995. La normativa prohíbe la extradición en caso que pesen motivaciones políticas contra el acusado. En este caso, este extremo no fue avalado por el juzgado.
Pero, además, ante el tribunal, la defensa de Sebastián afirmó que el procedimiento en su contra le había “destrozado la vida”, alegando otra de las prohibiciones fijadas en la norma, vinculadas con un eventual riesgo de trato inhumano contra el sujeto extraditable.
Los jueces españoles consideraron que los argumentos esgrimidos por la defensa eran genéricos y que, en este caso, no eran suficientes para frenar la entrega.
Asimismo, el tribunal consideró que, más allá de enunciar una posible persecución política y un riesgo de malos tratos, “ninguna circunstancia que pudiera ser reveladora de tal riesgo no puede ser de carácter abstracto”. Además, el dictamen estableció que esa alegación “sobre informes de diversas instituciones, así como de un observatorio de derechos humanos y otras, han sido solo eso, meras alegaciones sin referencias explícitas que pusieran de manifiesto un claro riesgo para la integridad física del acusado”. Así autorizó su extradición.