El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de ley que obliga a las exautoridades que administraron el Estado a permanecer en el país por seis meses. El documento fue remitido de inmediato al Senado que tiene hasta el lunes para sancionar la norma y que sea promulgada de inmediato.
“Si nosotros no aprobamos la modificación vamos a permitir que los que están saliendo en días más puedan utilizar esta puerta que es peligrosa, que es justamente lo que no queremos, yo lamento mucho por los hombres de bien que han sido funcionarios públicos y que no tienen nada que temer, pero van a tener que aguantar”, dijo el presidente de la comisión de Justicia Plural que aprobó este proyecto.
Este proyecto modifica el contenido de la Ley 1352 que establece la permanencia obligatoria de tres meses para todos los exfuncionarios del Estado, desde presidente hasta un director de alguna entidad estatal. El anterior gobierno dejó sus funciones el 8 de noviembre de 2025 y este 8 de febrero se cumplen los 90 días; pasada esa fecha la nueva norma no los alcanzaría por el principio de preclusión.
Si el Gobierno no promulga este proyecto hasta el lunes, todos los funcionarios que deseen salir del país y que hayan trabajado en el anterior gobierno podrán hacerlo sin mayor problema porque cumplieron la norma.
En diciembre de 2025 la diputada Andrea Ballivián Vargas (Unidad), remitió a la Contraloría una nómina de 800 exfuncionarios del gobierno de Luis Arce para que realice el trámite de arraigo ante Migración, que depende del Ministerio de Gobierno. Pese a esa prohibición, el máximo ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen salió del país sin problemas y puede haber otros jerarcas del anterior gobierno que abandonaron Bolivia.
“La presente ley tiene por objeto establecer la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de seis meses después de haber cesado el mandato (…) a efecto de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”, señala uno de los dos artículos que tiene el proyecto de Ley aprobado en Diputados.
La ley 1352 tuvo una curiosa promulgación y aplicación, fue sancionada en agosto de 2020 durante el Gobierno de Jeanine Áñez, sin embargo, esta se resistió a promulgarla, entonces lo hizo la presidenta del Senado, Eva Copa, pero el Ejecutivo no la publicó en la Gaceta Oficial para que no esté en vigencia. En diciembre de 2020, cuando Luis Arce ya era presidente, ordenó la publicación de la Ley para que entre en vigencia.