Pese a la exigencia de los legisladores del MAS de procesar a la expresidenta Jeanine Áñez, junto con su exministro Arturo Murillo por la compra irregular de los equipos antimotines para las fuerzas del orden, su nombre no figura en el informe que elaboró una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa en 2020 y tampoco en el de la Fiscalía General del Estado.
La comisión que investigó la compra irregular de material no letal, conformada en 2020, aprobó un informe el 26 de octubre del pasado año. El documento fue remitido la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie acciones legales contra los exministros Arturo Murillo, Fernando López, Yerko Nuñez, Óscar Ortiz y el entonces Presidente de la Aduana, Waldo Ramos Jurado, según ese documento oficial
Dicho documento también fue remitido a la Fiscalía de La Paz, la Contraloría General del Estado (CGE) y la Procuraduría General del Estado (PGE) que debían investigar e instaurar procesos.
En septiembre de 2020, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, compareció ante la comisión investigadora y refirió que había un proceso abierto en contra de Carlos Arturo Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Sergio Zamora Bascopé y Brayan Samuel Berkman.
El caso fue denunciado por Elvira Rojas Orellana, Sonia Brito Sandoval, Édgar Montaño Rojas, Ayda Villarroel Quinteros, Juana Quispe Ari, Remberto Calani Jallita y Franklin Flores Córdova. Los delitos identificados fueron uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por particulares, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
En ninguno de estos documentos figura el nombre de Áñez, aunque sí está mencionado en otros procesos que aprobó la anterior Asamblea Legislativa. Como el relacionado con el decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a los militares; las muertes de Sacaba-Cochabamba y de Senkata, ambos por separado.