La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, anunció que ya se han cambiado a 100 funcionarios de la entidad como parte de un plan de restructuración en la entidad. Con esta renovación de personal busca transformar la institución para que no se repitan los problemas que arrastra la ANH.
“Puedo hablar por mi institución, nosotros ya hemos tomado recaudos, a más de 100 personas ya hemos cambiado, porque, obviamente, si uno no cambia esto (casos de corrupción) va a seguir. Instamos a las otras instituciones que tomen las mismas medidas”, señaló Ayala ante los medios de comunicación.
Además, afirmó que todo lo que se está encontrando al interior de la entidad deja entrever “una mafia de desvío de combustible que no solo atañe a la ANH, sino a otras instituciones más”.
Allanamiento de oficinas
Este martes, la Fiscalía allanó las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por un caso denunciado en febrero de este año. El allanamiento que se dio esta jornada a las oficinas de la ANH se la hizo en el marco de las investigaciones sobre las 14 cisternas de YPFB que supuestamente salieron de manera irregular hacia distintos surtidores en febrero de esta gestión, como consta en una nota de la institución, en la que precisa que el ente facilitó documentación que fue requerida por la comisión de fiscales.
“Sabemos que hay autorizaciones y licencias que se han dado sin tener los procedimientos adecuados. Ahora estamos haciendo una revisión de todo”, indicó la directora.
La intervención de la ANH se da luego de un día en que la Fiscalía y agentes policiales realizaron las mismas acciones con oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en cuatro departamentos.
En La Paz, se allanaron las instalaciones de la planta de Senkata, en el cual hubo personas aprehendidas. Lo mismo ocurrió en Santa Cruz, que también reportó aprehendidos. En Cochabamba se hizo los allanamientos a YPFB, YPFB Redes y, en ese marco, se aprehendió a una persona que habría realizado cobros irregulares para beneficiar a una empresa en un proceso de contratación.
El último allanamiento que se registró el lunes fue en Oruro, dentro de una investigación por un presunto sobreprecio en la construcción de tanques de almacenamiento de combustible.