El Viceministerio de Transparencia Institucional habilitó este martes un código QR para la recepción de denuncias de corrupción con protección de identidad, un mecanismo que busca incentivar la participación ciudadana y resguardar a los denunciantes. El titular de esa cartera de Estado, Yamil García Delfín, informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ya registra 73 denuncias vinculadas a presuntos hechos irregulares.
“A través de un código QR se direcciona automáticamente la comunicación a un correo electrónico institucional, donde recibimos las denuncias sin solicitar nombres, apellidos ni direcciones”, explicó García, al subrayar que el objetivo central es investigar los hechos denunciados y no la identidad de quien denuncia.
El viceministro aseguró que todas las denuncias ingresadas mediante este mecanismo serán registradas formalmente en el sistema, y que los denunciantes podrán solicitar expresamente la reserva de su identidad, con el fin de evitar represalias. “Queremos proteger a quienes se animen a denunciar, algo que en el pasado no siempre ocurrió”, remarcó.
La habilitación de este canal coincide con la reciente presentación de la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos, anunciada el lunes por el presidente Rodrigo Paz, instancia que investigará presuntos hechos de corrupción vinculados a YPFB, sector que será priorizado por la magnitud de las denuncias recibidas.
“No queremos que vuelva el pasado de oscuridad. Queremos abrir la posibilidad para que funcionarios, exfuncionarios, particulares y cualquier persona con conocimiento de hechos de corrupción pueda denunciarlos”, afirmó García. “Por eso estamos habilitando este nuevo mecanismo, accesible y seguro”, añadió.
Investigación más allá de los hidrocarburos
El viceministro adelantó que el alcance de la Comisión de la Verdad no se limitará al sector hidrocarburos, sino que podrá extenderse a otros casos emblemáticos del pasado. Entre ellos, mencionó la compra del avión presidencial en 2010, las barcazas chinas, la adquisición de radares, el sistema SIDACTA y otros proyectos cuestionados.
“No descartamos la investigación de absolutamente nada”, afirmó García, quien explicó que esta primera fase estará enfocada en recopilar denuncias, incluyendo aportes de periodistas de investigación, que —dijo— “muchas veces han suplido la labor de instituciones que no investigaron cuando correspondía”.
Con este anuncio, el Gobierno busca marcar un giro en la política de transparencia, apostando por mecanismos de denuncia directa y protegida para enfrentar uno de los temas más sensibles de la agenda pública: la corrupción en el Estado.