Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, confirmó la apertura de una investigación preliminar sobre la sentencia dictada, en 2015, contra el ahora exministro de Justicia, Freddy Vidovic. El pronunciamiento sale luego de que éste denunciara públicamente haber sido condenado bajo condiciones irregulares, presiones y presuntos actos de tortura.
Baptista explicó que pese a que Vidovic fue destituido del cargo ministerial, la institución “no podía quedarse con oídos sordos ante una noticia tan escandalosa”. Por lo que se solicitó de inmediato el informe del juez que emitió la sentencia.
El documento fue remitido al Consejo y constituye la base del análisis preliminar.
Según Baptista, la sentencia revela diversas anomalías: la primera es que Vidovic se sometió a un procedimiento abreviado, aceptando una pena de tres años de privación de libertad.
Sin embargo, en la misma resolución el juez dispuso una suspensión condicional de la pena, lo que eximía al sentenciado de ingresar a un centro penitenciario.
Pese a ello, advirtió Baptista, la sentencia no especifica ni el tiempo de duración de la suspensión ni las condiciones que debía cumplir el condenado. “Hay una falla en la resolución dictada”, afirmó.
Otra observación señalada por la autoridad es la ausencia de pruebas que acrediten la culpabilidad de Vidovic.
Baptista manifestó que la resolución parece asumir responsabilidad únicamente por la firma del acta del procedimiento abreviado, sin un análisis ni fundamentación suficiente: “Cualquier sentencia en nuestro país debe fundamentar la culpabilidad del sentenciado. Si eso no existe, es una sentencia incompleta”.
El presidente también reveló una segunda irregularidad: la sentencia nunca fue registrada en el sistema REJAP del Consejo de la Magistratura, motivo por el cual no figuraba en el registro de antecedentes penales.
Respecto a la situación legal del exministro, Baptista fue enfático y aseveró que “el exministro tiene condena, y la sentencia está remitida en copia legalizada”. No obstante, insistió en que corresponde revisar si los jueces incurrieron en faltas disciplinarias y si existen elementos que acrediten torturas o vejámenes. En caso de verificarse estos extremos, el Consejo remitirá los antecedentes al Ministerio Público, pues los delitos de tortura no prescriben.