Las voces institucionales que exigen la renuncia de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se multiplican en el país. Al pronunciamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se sumaron los titulares del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura, la Brigada Parlamentaria Cruceña, el gobernador de Santa Cruz y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.
El presidente del Tribunal Agroambiental, Cristhian Méndez, manifestó su respaldo pleno a la postura asumida por Saucedo, al considerar que la prórroga irregular de los magistrados constitucionales “dice mucho de la institucionalidad boliviana” y de la necesidad de restablecer el orden legal dentro del Órgano Judicial. “Desde la jurisdicción agroambiental vamos a apoyar plenamente la posición del Tribunal Supremo de Justicia y de su presidente”, declaró Méndez.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, José Baptista, afirmó que el pronunciamiento de Saucedo refleja una “preocupación legítima” por la institucionalidad democrática y el respeto al principio de temporalidad del poder. “La autoprórroga de mandatos en el Tribunal Constitucional Plurinacional carece de sustento jurídico (…) que vulnera la independencia judicial”, escribió Baptista en sus redes sociales.
Desde el ámbito político, la presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, diputada Laura Rojas, también expresó su respaldo a la posición de Saucedo. La legisladora instó a sus colegas de todas las fuerzas políticas a aprobar de manera inmediata la ley que cesa a los magistrados, ya sancionada por el Senado. “Es necesario devolver la institucionalidad al Órgano Judicial, cuya legitimidad ha sido gravemente afectada por la prórroga ilegal de mandatos”, enfatizó Rojas.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también se pronunció sobre el pedido de Saucedo, acusando a los autoprorrogados de carecer “de legalidad y legitimidad”. “Estos personajes deberían tener un poquito de vergüenza y deberían irse a su casa”, expresó Camacho.
El pronunciamiento más reciente llegó del expresidente y exmagistrado Eduardo Rodríguez Veltzé, quien coincidió en que los magistrados deben dejar el cargo, pero además pidió que otras entidades del Estado también se pronuncien al respecto.
“Sí, deben irse. Tomó 10 meses para que el TSJ se pronuncie. Se extraña palabra de: Fiscal General, Contraloría y Procurador General”, escribió Rodríguez Veltzé en la red X.
Con estos respaldos, la posición de Saucedo deja de ser aislada para transformarse en un movimiento institucional amplio que demanda el fin de la autoprórroga en el TCP y la restauración de la legitimidad en el sistema de justicia boliviano.