Tras la denuncia del presunto contrabando agravado de gas natural, los Comités Cívicos de Tarija y Yacuiba exigen el esclarecimiento del caso y la suspensión del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, que tiene una orden de aprehensión.
Ambas instituciones piden la protección y seguridad de los denunciantes (Administrador y técnico aduanero) y la restitución en sus funciones.
La venta ilegal de gas natural se produjo el 13 de junio de este año, de acuerdo a la Declaración de Exportación DEX: DS-2025-621-23803, asignado a canal amarillo mediante sistema para su revisión y verificación por un técnico aduanero, en aplicación al Reglamento para la Exportación de Mercancías, por un monto de 14.443.213,39 dólares (equivalente a 34.9 millones de bolivianos).
"El trámite de exportación tiene dos momentos, en el primero se presume la legalidad por la presentación jurada y en el segundo no lo hicieron para completar el trámite que deben presentar toda la documentación", afirmó el presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano.
El presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Jesús Gira, planteó la detención preventiva del actual titular de YPFB debido a que existen suficientes elementos probatorios para sostener que es responsable por el delito de contrabando agravado.
Añadió que se debe suspender del cargo a Armin Dorgathen mientras se esclarezca este caso en el Ministerio Público y justicia ordinaria, las cuales son las instancias correspondientes.
"No queremos que se proteja ni se encubra de acuerdo a lo que atestigua la documentación por el contrabando agravado", apuntó Gira.
Tanto Medrano como Gira coincidieron que el gas natural exportado a la Argentina no cumplió con la normativa aduanera después de revisar el documento de denuncia por presunto contrabando agravado de exportación con fecha del 6 de este mes.
A causa de este caso, el administrador de la Aduana Fronteriza en Yacuiba, Rodrigo Acuña Sánchez, fue destituido del cargo y el técnico en gestión aduanera, Jesús Vargas Cruz, se le cambió de destino.
"Ambos técnicos que presentaron las pruebas del ilícito están sufriendo represalias", lamentó Medrano.
Gira se sumó al pedido del dirigente cívico para dar protección a los dos funcionarios que detectaron el ilícito y no castigarlos.
"El próximo gobierno debe investigar a fondo e imparcial para saber la verdad sobre el contrabando de gas natural", expresó Medrano por su lado, en referencia a este caso.