La Aduana Nacional y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunciaron que la denuncia que provocó la orden de aprehensión contra el presidente de la estatal, Armin Dorgathen, fue presentada por dos exfuncionarios destituidos el mismo día, y no por las instituciones. Según los ejecutivos de estas instituciones, la medida carece de fundamento legal y responde a una represalia.
Óscar Claros, gerente de Contratos de Exportación de Gas Natural de YPFB, explicó que todas las operaciones de exportación de gas hacia Argentina y Brasil se realizan bajo estricta supervisión aduanera y regulatoria, cumpliendo la Ley de Hidrocarburos 3058, la Constitución Política del Estado y el Decreto 28701 de 2006. En la operación en cuestión, YPFB facturó alrededor de $us 14,4 millones, depositados en cuentas del Banco Central de Bolivia, lo que descartaría cualquier desvío o irregularidad.
“Esta exportación y todas las operaciones de YPFB en los últimos 20 años se realizan dentro del marco legal, generando ingresos importantes para el Estado y las regiones”, afirmó Claros.
Exportación en norma
Joel Callaú, de la ANH, detalló que su institución es la encargada de regular, controlar, supervisar y fiscalizar toda la cadena de hidrocarburos hasta la industrialización. Según explicó, para las exportaciones de gas hacia Argentina y Brasil, el Decreto Supremo 28.174 de 2005 exime a YPFB de requerir autorización adicional, siempre que los contratos estén vigentes. “Por esta razón, esta exportación se realizó de manera totalmente legal”, afirmó
Callaú añadió que la ANH recibe toda la documentación requerida por YPFB para procesar las exportaciones y que cada contrato es verificado cuidadosamente, junto con los documentos de transporte y las autorizaciones correspondientes. “Cuando verificamos las exportaciones hacia Brasil y Argentina, confirmamos que el contrato estaba vigente y que se cumplía la normativa, tal como exige el decreto”, dijo.
Usurpación
Karina Serrudo, presidenta de la Aduana Nacional, aclaró que los autores de la denuncia son dos extrabajadores de la institución, desvinculados el 6 de octubre, y que presentaron la denuncia por la tarde del mismo día, utilizando sellos y documentación oficial de la Aduana pese a que ya no contaban con autorización legal.
“Esto constituye un delito de usurpación de funciones, según el Código Penal y la Ley General de Aduanas. Presentaron una denuncia sin contar con un poder otorgado por la Presidencia de la Aduana, que es la única instancia legalmente habilitada para presentar querellas”, afirmó Serrudo.
La presidenta de la Aduana explicó que las desvinculaciones se realizaron conforme a la normativa interna y por atribución exclusiva de la presidencia de la institución, y que no guardan relación con la exportación de gas ni con la denuncia presentada.
En cuanto al presidente de YPFB, señalaron que está en el país y cumpliendo sus funciones, coordinando con su equipo legal los pasos a seguir frente a la fiscalía. Aunque aún no se ha presentado formalmente ante la justicia, se evaluará la documentación y se responderá a los requerimientos de la investigación.
Serrudo enfatizó que la denuncia de los exfuncionarios no tiene sustento técnico ni legal y que la polémica generada carece de sentido, ya que todas las operaciones de YPFB cumplen con la normativa vigente y son auditadas por las instituciones competentes.
Denuncia
La Fiscalía Departamental de Tarija emitió una orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia, en el marco de un proceso penal por presunto contrabando de exportación agravado, según la Resolución firmada por el fiscal Yeison Américo Plata Maldonado, el 8 de octubre de 2025, en la ciudad fronteriza de Yacuiba.
La denuncia fue presentada, por los ahora exfuncionarios Rodrigo Acuña Sánchez, que era administrador de la Aduana Frontera Yacuiba, y Jesús Salvador Vargas Cruz, técnico aduanero.
La acusación fue de Contrabando Agravado de Exportación se formalizó el 6 de octubre de 2025 y se dirige específicamente a una operación de exportación de Gas Natural del 13 de junio de 2025.
Toda esta confusión se da cuando Bolivia atraviesa una grave crisis de diésel que paraliza sectores productivos y amenaza con aumentar los precios de alimentos básicos.
Yamil Nacif, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria, advirtió que el campo necesita 48 millones de litros este mes y cerca de 150 millones hasta fin de año para cerrar la campaña de invierno y arrancar la siembra de verano.
La crisis de diésel golpea con fuerza al sector arrocero del Beni, donde la siembra de verano apenas avanza entre un 25 y 30%. Carlos Montaño, vicepresidente de la Asociación de Arroceros, advirtió que la escasez amenaza con paralizar esta etapa clave del ciclo agrícola, afectada además por la reventa y el desvío del combustible pese a la llegada de cupos de YPFB a los surtidores.
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