La salud pública en Bolivia atraviesa una crisis que ya no puede describirse como si fuera circunstancial porque es estructural. Los paros recurrentes del personal sanitario -médicos, enfermeras, administrativos y otros profesionales del sector- se han convertido en un síntoma visible de un sistema que funciona sobre una base frágil, donde la precariedad laboral y la inestabilidad institucional repercuten directamente en la atención a los pacientes que son atormentados cuando se encuentran con las puertas cerradas de los hospitales y/o nosocomios públicos a los que acuden en procura de restaurar su salud. Cada protesta, justificada o no, revela un cúmulo de promesas incumplidas, presupuestos insuficientes y decisiones políticas que rara vez ponen al ciudadano en el centro.
Los trabajadores de salud reclaman, año tras año, mes a mes, semana tras semana, mejores salarios, estabilidad contractual, condiciones dignas de trabajo y acceso adecuado a insumos y equipamiento. Sus demandas no son nuevas, pero se acumulan porque el Estado responde a cuentagotas, con parches temporales que nunca llegan a resolver el problema de fondo. La consecuencia es una espiral desgastante porque se anuncian planes de mejora, se firma un acuerdo que promete recursos, y poco después, los paros vuelven a paralizar hospitales y centros de salud.
En medio de estas tensiones, el paciente -la razón de ser del sistema- queda atrapado en una suerte de limbo. Quien necesita una consulta no puede ser atendido; quien requiere un tratamiento urgente debe postergar su esperanza; quien lucha por una cama o un medicamento enfrenta la incertidumbre de si el servicio estará operativo al día siguiente. La salud pública debería ser un derecho garantizado por el Estado boliviano, no una lotería sujeta a coyunturas laborales o fluctuaciones presupuestarias.
El problema, sin embargo, no se limita a los paros. La infraestructura hospitalaria presenta un deterioro evidente: salas saturadas, equipos obsoletos y una crónica falta de insumos básicos que obliga a los pacientes a comprar desde gasas hasta medicamentos vitales. Los profesionales de la salud trabajan en condiciones que rozan lo insostenible, con turnos excesivos y remuneraciones que no se corresponden con la complejidad y responsabilidad de su labor. Exigirles vocación sin ofrecerles dignidad es una contradicción que, tarde o temprano, pasa factura.
Bolivia necesita una reforma profunda del sistema de salud, no un conjunto de medidas aisladas. Requiere una visión de Estado que priorice la salud como una inversión y no como un gasto, que fortalezca la formación de profesionales, que dote a los hospitales de recursos estables y que abra espacios de diálogo genuinos para evitar que los conflictos laborales terminen afectando a quienes menos culpa tienen como los ciudadanos enfermos. Es indispensable establecer mecanismos que garanticen continuidad de servicios esenciales incluso en escenarios de protesta, sin criminalizar las demandas legítimas del sector.
Mientras el país siga normalizando la interrupción periódica de la atención médica, continuará también normalizando el sufrimiento evitable de miles de familias. La salud pública no puede continuar como rehén de la improvisación ni del desgaste político. Es momento de construir un sistema que responda a la altura de las necesidades del pueblo boliviano. Uno que respete a sus trabajadores y proteja, por encima de todo, el derecho fundamental a la vida, a la salud y a la atención oportuna.