Las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo no solo definieron autoridades departamentales y municipales; pusieron a prueba la estructura misma del sistema político. Con la elección de nueve gobernadores, 335 alcaldes, asambleístas y concejales, el país asistió a un proceso que, más que consolidar un nuevo orden, evidenció un momento de transición marcado por la fragmentación, la incertidumbre y la ausencia de un eje hegemónico claro.
El dato más relevante del contexto es, sin duda, la ausencia de la sigla del Movimiento al Socialismo. Por primera vez en casi dos décadas, el principal articulador del sistema político no estuvo formalmente en competencia. Sin embargo, su desaparición como sigla no implicó la desaparición de sus actores. Por el contrario, sus militantes y ex militantes se dispersaron en múltiples fuerzas, alianzas y agrupaciones ciudadanas, reproduciendo su influencia de manera fragmentada. El fenómeno de “Evo Pueblo” es una muestra clara de esta dispersión estratégica.
A este escenario se sumó una “explosión” de candidaturas. La proliferación de alianzas y agrupaciones locales configuró un campo político altamente atomizado. Nunca antes la oferta electoral había sido tan amplia ni tan dispersa. Esta pluralidad no respondió necesariamente a una mayor democratización, sino, más bien, a la ausencia de estructuras partidarias sólidas capaces de ordenar la competencia.
En este contexto emergen con claridad los actores y sus estrategias. Por un lado, Rodrigo Paz, desde el gobierno central, apostó por conquistar la mayor cantidad de gobernaciones y alcaldías del país, aun sin contar con sigla partidaria consolidada. La lógica era clara: cimentar poder desde abajo para construir hegemonía.
Por otro lado, el vicepresidente Edmand Lara intentó, en paralelo, articular su propio proyecto político, impulsando candidaturas propias. Su estrategia, sin embargo, careció de una estructura organizativa, lo que limitó significativamente su impacto electoral. En términos de resultados, su intento de contar con autoridades electas aliadas fue un verdadero fracaso.
Un actor que no puede ser soslayado es Evo Morales. Aunque sin sigla oficial, su estrategia fue precisa: concentrar esfuerzos en el departamento de Cochabamba, buscando capturar la gobernación y varias alcaldías, como plataforma para su proyecto político del 2030. La gobernación es clave para su obsesiva aspiración de ser candidato. Desde ahí pretenderá irradiar políticamente a todo el país. Su voto duro en Cochabamba fue el que eligió a Leonardo Loza como gobernador, frente a una oposición dividida.
Finalmente, en este escenario, también irrumpieron actores outsiders, como Alejandro Mostajo en Cochabamba y Gabriela de Paiva en Pando, reflejando un fenómeno más amplio: la crisis de representación y el debilitamiento de los partidos tradicionales abren espacio para liderazgos emergentes, muchas veces sin trayectoria política previa.
Los resultados deben leerse, entonces, a la luz de estas estrategias. A nivel nacional, lo que se observa es la emergencia de nuevos liderazgos sin partidos y estructuras débiles, articulados en alianzas coyunturales. Más que un nuevo sistema de partidos -que está hecho trizas-, lo que aparece es un sistema en formación, todavía inestable y altamente fragmentado.
En efecto, tras la debacle hegemónica del MAS, Bolivia está en una fase de transición hacia un nuevo sistema de partidos. Ese sistema aún no está definido. La multiplicidad de siglas, la volatilidad de las alianzas y la debilidad organizativa de las fuerzas políticas impiden hablar, por ahora, de una nueva estructura estable.
En este escenario, la estrategia de Rodrigo Paz no produjo los resultados esperados. La pretensión de construir un relevo hegemónico inmediato chocó con una realidad estructural: la hegemonía no se decreta, se construye. Su bajo rendimiento en gobernaciones y alcaldías muestra los límites de una estrategia sin anclaje territorial. No obstante, el poder no se agota en lo electoral. Desde el gobierno central, y en el marco de un sistema presidencialista, conserva herramientas clave para construir poder, particularmente en la negociación del nuevo pacto fiscal.
Una de las reglas más visibles de esta elección fue la relación entre pluralidad de candidaturas y la fragmentación del voto. En la mayoría de los casos, la dispersión electoral derivó en autoridades electas con porcentajes bajos, en torno al 25% o 30%. Este tipo de resultados anticipa gestiones complejas, marcadas por la ausencia de mayorías en los órganos legislativos.
Sin embargo, esta regla tuvo excepciones. En ciudades como Cochabamba y Santa Cruz, así como en la gobernación cochabambina, el voto tendió a concentrarse en las primeras mayorías. Estos casos muestran que, aun en contextos fragmentados, liderazgos fuertes pueden ordenar el voto y generar mayorías relativamente claras.
El caso de Cochabamba es particularmente ilustrativo. Allí, Evo Morales demostró que su electorado sigue intacto en su bastión histórico. El desempeño de Leonardo Loza evidencia la persistencia de un voto duro que, lejos de diluirse, se mantiene disciplinado y efectivo. Con la gobernación de Cochabamba, Morales contará con una plataforma territorial clave para proyectar su estrategia hacia el 2030.
Este escenario, sin embargo, no está exento de riesgos. La posible reconfiguración del eje de poder en Cochabamba podría reactivar tensiones políticas similares a las vividas el 2007, durante la confrontación entre Evo Morales y Manfred Reyes Villa. La historia, una vez más, amenaza con repetirse.
En suma, las elecciones subnacionales no han definido aún un nuevo mapa político consolidado. Lo que han mostrado es, más bien, un tablero en reconfiguración, donde los actores todavía ensayan alianzas y estrategias. Bolivia no ha ingresado todavía a un nuevo orden político; se encuentra, más bien, en un proceso de transición.
Y como ocurre en toda transición, el desenlace dependerá no solo de los resultados electorales, sino de la capacidad de los actores para convertir esos resultados en poder real.
(*) El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón.