El recientemente posesionado comandante general de la Policía Boliviana, general Mirko Antonio Sokol Saravia, sorprendió al país al anunciar medidas drásticas orientadas a combatir la corrupción dentro de la institución. Pocas veces un jefe policial, apenas asumido el cargo, ha puesto el dedo en la llaga con tal claridad, recortando prácticas extorsivas que la ciudadanía conoce demasiado bien.
De entrada, ordenó el cierre de comisarías creadas de manera irregular para sacar dinero a supuestos infractores, alimentando los bolsillos de policías y de sus superiores. Dispuso también que Diprove deje de realizar batidas vehiculares arbitrarias: a partir de ahora, solo podrán ejecutarse con autorización del Comando General y acompañadas por funcionarios de Transparencia.
Antes de destacar la trayectoria profesional del nuevo comandante, cabe recordar que, durante casi dos décadas, los gobiernos del MAS designaron autoridades priorizando lealtades políticas antes que méritos profesionales, vulnerando incluso los propios reglamentos de ascensos. Era ingenuo esperar que quienes no eran los mejores de su promoción —y que además fueron promovidos de manera irregular— impulsaran reformas profundas: fueron designados para que nada cambie, para perpetuar redes de corrupción y para proteger intereses oscuros del poder de turno.
El general Sokol, en cambio, exhibe una carrera institucional sólida: fue vicerrector de la Universidad Policial Antonio José de Sucre, responsable de la formación profesional de los efectivos; y más recientemente comandante departamental en Chuquisaca, donde también ordenó cerrar comisarías extorsivas y destapó un caso de protección al contrabando por parte de policías que escoltaban camiones en tránsito por esa región.
Por eso no sorprende que, tras su posesión por el presidente Rodrigo Paz, Sokol haya dejado clara su determinación de limpiar a la Policía. “Jamás en mi vida profesional he recibido un solo centavo de ningún ciudadano boliviano y peor aún de algún funcionario público”, afirmó, reconociendo implícitamente una práctica extendida en la institución verde olivo. El mensaje interno fue categórico: “Queda prohibido cobrar un centavo… no se arriesguen a perder su libertad y su profesión”. También interpeló a los ciudadanos que alimentan el círculo vicioso de la corrupción al intentar “arreglar” con policías corruptos antes que asumir responsabilidades.
Es una señal alentadora que el nuevo comandante reconozca sin rodeos el problema. “Mi institución fue lastimada y el uniforme, tan digno, fue utilizado cobardemente por unos sinvergüenzas para beneficios personales”, dijo. Reconocer la herida es el primer paso para sanarla.
Pero la tarea que enfrenta Sokol es enorme. Sus buenas intenciones deberán sostenerse con respaldo político y recursos suficientes, porque se trata de desmontar un sistema de prácticas arraigadas durante años. El plan del presidente Paz para reformar el Estado será determinante: la Policía necesita un giro ético y moral profundo.
Bolivia necesita una Policía fuerte, profesional, transparente y al servicio de la población, no de los poderosos. Sokol ha afirmado que “ya no habrá policías que den protección a los delincuentes ni que sean cómplices del delito”. Hay que tomarle la palabra. Los índices de criminalidad del país son preocupantes: desde robos y pandillas hasta feminicidios, contrabando, narcotráfico y organizaciones criminales, tanto en las ciudades como en el área rural.
Que este inicio auspicioso marque un verdadero golpe de timón y siente las bases de una reestructuración profunda que recupere el prestigio y la razón de ser de la Policía Nacional.