En días recientes, el presidente Rodrigo Paz anunció, desde Santa Cruz, que implementará su promesa electoral denominada “50-50”, haciendo referencia que la mitad de los recursos públicos serían administrados por el nivel central del Estado en tanto que la otra mitad estaría a cargo de las gobernaciones, municipios y universidades públicas contemplando entes de control y fiscalización de la ejecución del nuevo presupuesto. Por otro lado, Paz señaló que el gobierno iniciará el proceso de derogación de leyes y decretos para descongestionar las tareas administrativas del nivel central del Estado a objeto que existan menos obstáculos para que las regiones logren sus propósitos.
Esta voluntad expresada por el presidente Paz tendría un importante impacto en profundizar el sistema autonómico en el país y, por ende, el desarrollo en los departamentos. No obstante, se trata de un reto mayúsculo si se observa la historia institucional del país: Desde su independencia, Bolivia padece un arraigado centralismo en cuanto a la Administración Pública. A finales del siglo XIX se produjo una lucha de poderes en la que la élite del estaño (La Paz – Oruro) comenzaba a desplazar a la élite de la plata (Sucre – Potosí) en medio de un debate sobre el modelo de Estado: federalismo o unitarismo. Lo más llamativo es que esa guerra civil se denominó “Guerra Federal” y, una vez concluida, los ganadores no realizaron el menor intento por implementar tal modelo de Estado.
Como evidencia del fuerte carácter centralista del Estado, se puede observar que –en la Ley de Organización Política Administrativa del año 1888– no se contempló a instituciones que se encarguen de la planificación de los departamentos. Al contrario, esta ley dejó sin efecto el derecho que éstos tenían de proponer candidatos para que el presidente designe un prefecto y estableció que sea puesto a dedo por éste. Más adelante, en la década de 1920, se debatió la necesidad de delegar competencias del Gobierno central a los departamentos, para lo cual se planteó un proyecto que fue aprobado vía referendo en 1931. Se contemplaba delegar la administración departamental a su asamblea, gravar impuestos, elaborar presupuesto y obtener créditos. El proyecto se denominó «Ley Orgánica de Administración Departamental» y el Congreso lo aprobó en 1932. No obstante, el presidente Daniel Salamanca vetó el proyecto en 1933, lastrando así la descentralización en desmedro de las regiones.
A finales del siglo XX, en la década de 1990, el departamento de Santa Cruz propuso el debate sobre la necesidad de cambiar la estructura administrativa. En abril de 1994, se promulgó la Ley de Participación Popular, con lo cual se reconfiguró el Estado en relación con territorio, poder y recursos: el país pasó de tener treinta municipios a más de trescientos, lo que implicó mayores fondos para cubrir necesidades y más cercanía de la administración a la población. Posteriormente, en julio de 1995, se promulgó la Ley de Descentración Administrativa, cuya norma delegó atribuciones de carácter técnico-administrativo no privativas del entonces Poder Ejecutivo a nivel nacional.
El avance de la década de 1990 derivó en la demanda por las autonomías departamentales. La Constitución vigente, promulgada en 2009, determina que Bolivia es un país “con autonomías”; sin embargo, en los hechos, el nivel central del Estado tiene más de ochenta (80) competencias de carácter sustancial. Por lo tanto, es incongruente que un país que se considera autónomo sea tan centralizado.
Si bien es cierto que, en las anteriores constituciones, no se indicaba el término “autonomía”; no obstante, este progreso fue desvirtuado por el gobierno de Evo Morales como producto de una fuerte polarización político – ideológica que derivó en más centralismo. Hoy la sociedad boliviana debe debatir –más allá de las etiquetas de “autonomía” o “federalismo”– otorgar más competencias a las gobernaciones y municipios para lograr un funcionamiento más eficiente del Estado.
(*) El autor es abogado especialista en Derecho Constitucional y Penal