Rompiendo todos los récords, miles de ciudadanos se inscribieron para participar en las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026. Solo en Santa Cruz, 5.607 candidatos, respaldados por 34 organizaciones políticas, se registraron para la contienda, entre ellos 12 aspirantes a la Gobernación y 15 a la Alcaldía de la capital cruceña. Si bien en los próximos días se activará el proceso de depuración, el Tribunal Electoral Departamental deberá administrar una cifra inédita en la historia democrática del país.
¿A qué se debe esta avalancha de candidaturas? Conviene partir de una premisa clara: más candidatos no significa mejor democracia. La sobreoferta confunde al elector, diluye el debate público y empobrece la discusión programática. La calidad democrática no se mide por la cantidad de postulantes, sino por la solidez de las propuestas, la credibilidad de los liderazgos y la fortaleza de las reglas del juego. Detrás de este fenómeno confluyen causas políticas, institucionales y coyunturales que merecen una reflexión profunda.
Uno de los factores centrales es la erosión de los partidos tradicionales y de las alianzas políticas consolidadas. Una parte importante de la ciudadanía percibe que estas estructuras ya no canalizan demandas ni generan liderazgos creíbles. Este vacío abre espacio a candidaturas personalistas, plataformas improvisadas y siglas meramente “vehiculares”. Muchos aspirantes no buscan necesariamente gobernar, sino ganar visibilidad, instalarse en la conversación pública o posicionarse para futuras negociaciones. Cuando los partidos dejan de representar, la política se fragmenta.
Bolivia atraviesa, además, un proceso de recomposición institucional tras casi 20 años de hegemonía del MAS. La fragmentación del poder y el debilitamiento del Estado han instalado la percepción de que no existen liderazgos dominantes ni proyectos hegemónicos claros. En este contexto, algunos actores políticos creen que “cualquiera puede ganar”, y tanto las gobernaciones como las alcaldías son vistas como apuestas de bajo riesgo para acceder a espacios de poder con relativa autonomía frente al nivel central.
En esta avalancha hay, sin duda, más oportunismo que capacidad técnica para gobernar. Queda por verse si los tribunales electorales departamentales, tras el proceso de depuración, lograrán garantizar un mínimo de idoneidad, solvencia ética y responsabilidad política entre los candidatos habilitados.
Algunos aspirantes parten con cierta ventaja por haber ejercido cargos públicos y contar con reconocimiento ciudadano. Sin embargo, el ejercicio del poder también genera desgaste y desconfianza. La crisis económica y la polarización política alimentan el cansancio frente a “los políticos de siempre” y refuerzan la idea de que un “outsider” podría hacerlo mejor. Así se abre espacio al ciudadano carismático, al empresario, al dirigente vecinal o al activista, bajo la promesa —no siempre fundada— de que gobernar es solo cuestión de voluntad.
Pese a estas circunstancias, Bolivia ya superó una prueba de fuego con la realización de las últimas elecciones presidenciales. Es de esperar que los comicios subnacionales se desarrollen con la misma madurez democrática, aun en medio de múltiples crisis.
Ojalá que la abultada cantidad de candidatos tome conciencia de lo que está en juego, especialmente en Santa Cruz, el departamento de mayor peso económico y demográfico del país. Que, en medio de tanta dispersión, logren emerger propuestas serias, responsables y representativas, capaces de orientar un rumbo departamental claro, del mismo modo en que Bolivia intenta recomponerse en el ámbito nacional.