Los nadies (1989), retratados por la pluma crítica de Eduardo Galeano, son seres racialmente diferenciados y socialmente excluidos, que, en sociedades modernamente colonizadas, democráticamente desiguales y profundamente jerarquizadas por hegemónicos poderes políticos, económicos, culturales, judiciales, militares y religiosos, no existen porque no son dignos de mirar.
Los nadies no cuentan, no participan, no aportan, no figuran, no son dignos de relato ni de protección y no tienen el privilegio de construir una memoria colectiva ni de reafirmarse como diversos y honorables. La dictadura del predominio de la monoculturalidad racializada, sexualizada y clasista los ha condenado a las periferias, al exilio, al silencio, al olvido, al no existir, a la nada.
Entre los nadies, la metodología de la interseccionalidad nos obliga a mirar de manera específica a las nadies: mujeres estigmatizadas y marcadas por la pobreza o la pobreza extrema, víctimas de múltiples formas de violencias que se agravan por su condición de ser indígenas, niñas o adolescentes, migrantes, privadas de libertad, con discapacidad, adultas mayores, lesbianas, transgénero, transexuales o trabajadoras sexuales. Son esas mujeres que para el poder hegemónico no tienen historia, no sienten, no sufren y no tienen derecho a existir.
Para el Tribunal Constitucional Plurinacional, los nadies no existen. Las personas privadas de libertad sin condena y en situación de pobreza o extrema pobreza no se miran, las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles de Bolivia no cuentan, la criminalización de la pobreza por un perverso y extorsivo sistema penal no es una historia digna de contar, las mujeres que sufren múltiples formas de violencias no pueden tener un relato creíble y honorable ante la justicia constitucional y las narraciones de las persecuciones de quienes son o piensan diferente, deben esconderse en los baúles de la burocracia judicial.
Este es el Tribunal Constitucional Plurinacional del privilegio, el que da voz y desborda el acceso a la justicia a quienes tienen la ventaja de contar con defensas técnicas muy bien remuneradas, a quienes pueden superar sin mayor problema obstáculos formales y cubrir costos procesales; los otros, los nadies, los que no tienen una real defensa técnica, los que no pueden costear un proceso judicial, los que no tienen ni para cubrir sus necesidades más básicas, esos que están en la periferia del sistema judicial, simplemente no existen para una magistratura constitucional insensible, indolente, racista y misógina.
Las últimas unificaciones de jurisprudencia y otras perversas sentencias constitucionales pronunciadas por las todopoderosas togas negras de la justicia constitucional se amparan en formalismos arbitrarios y barreras infranqueables para el acceso a la justicia de población vulnerable porque es más fácil silenciar a inocentes para mostrar públicamente resultados de celeridad procesal que asumir medidas integrales con vocación transformadora y con aspiraciones de justicia.
Es evidente que una auto-prórroga que mutó indebidamente la Constitución dejó más de diez y ocho mil causas pendientes de resolución; sin embargo, una ruptura constitucional no puede repararse con otra, más aún cuando impacta directamente en población vulnerable. El ejercicio del control de constitucionalidad debe ser una sagrada labor para dar y no para quitar justicia a quienes están en desventaja y manifiesta vulnerabilidad.
El razonamiento constitucional no puede ser una vanidad académica que postule teorías que no miran a los nadies y que pareciera que tienen la finalidad de satisfacer egos de literatura constitucional completamente desconectados de la realidad en vez de aspirar a la justicia y a la construcción de sociedades más igualitarias y democráticas.
Los relatos de las periferias son también dignos y honorables y merecen protección constitucional y acceso a la justicia. Exigimos una justicia constitucional que dé esperanza y no descuide la ternura por los otros. Necesitamos que la tiranía judicial no silencie a los nadies.
(*) La autora es doctora en Derecho Constitucional y Administrativo