El Martillo de las Brujas (Malleus Maleficarum), fue publicado por Kramer en 1486, es decir, seis años antes de lo que fue considerado por algunos el descubrimiento del Nuevo Mundo (1492) y que significó para los otros diferentes, la invasión colonial, la expoliación territorial y la violencia religiosa. Esta obra, un bestseller de la época, era una guía pedagógica para uniformar los métodos y las formas de tortura previa a la necesaria ejecución de las brujas, que, por sus herejías, debían morir con crueldad.
Murieron miles de niñas, adolescentes y mujeres brujas; también judíos, moros, protestantes o cualquier otro diferente o disidente que podría poner en riesgo una fe única y una corona todopoderosa. Antes de su ejecución final en la hoguera, los implacables inquisidores quebraban a sus víctimas los dedos, les arrancaban la carne al rojo vivo con tenazas calientes, les sumergían en agua hirviendo, entre otros varios métodos infalibles para combatir las herejías.
En los territorios violentamente ocupados, la inquisición colonial subalternizó a los indios y para legitimar las expoliaciones territoriales y la imposición de una única fe, la de los conquistadores, los consideró sin alma, impuros, perdidos en tierras vacantes que solo podían pertenecer a la Corona española y a sus súbditos colonizadores blancos.
Las republiquetas (1811 y 1825) y la independencia de Bolivia (1825), conllevaron luchas libertarias profundamente racializadas y reprodujeron en el diseño republicano del Estado naciente el pensamiento colonial de subalternización indígena. La primera Constitución de 1826, asumió un modelo de democracia censitaria que permitía votar y participar en los órganos de poder únicamente a los varones propietarios y letrados, modelo que fue asumido hasta la Revolución Nacional que, a través del Derecho Ley de 21 de julio de 1952, implementó el voto obligatorio para hombres y facultativo para mujeres.
Sin embargo, el llamado Estado del 52, todavía mantuvo el requisito del alfabetismo para ser elegido, lo que significó la exclusión de la población indígena al acceso a cargos político-públicos, porque en su gran mayoría, siempre estuvieron privados del derecho a la educación. Además, frente a un patrón estructural de discriminación, el derecho al sufragio universal fue irrisorio para los pueblos indígenas porque en la realidad, la colonización, culturalmente enquistada, conllevó formas disfrazadas de prácticas políticas corporativas a través del voto patronal o el voto instruido que más que una libertad de elección representaba un deber de sumisión.
En la década de los noventa, la pluriculturalidad generó un cambio importante a la visión republicana de Estado y un quiebre al pensamiento monocultural de organización social, especialmente por el avance que significó la ratificación en 1991 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. Además, las marchas indígenas por la defensa de territorios y la dignidad, entre otras reivindicaciones, le dieron una impronta propia a la Constitución de 1994; luego, la Constitución de 2009, consagró el principio de plurinacionalidad, la mayor herejía de la historia boliviana.
La plurinacionalidad en un Estado unitario, implicó el reconocimiento de una democracia intercultural -que incluye a la democracia comunitaria-, la vigencia de derechos colectivos como ser la territorialidad o la consulta previa, el derecho de participación de los pueblos indígenas en las estructuras del Estado, el ejercicio de sus sistemas jurídicos y políticos, las autonomías indígenas, entre otros reconocimientos progresivos en derechos, así como el respeto a las diversidades sexo-genéricas y la protección reforzada a grupos de atención prioritaria e históricamente excluidos.
Sin embargo, para quienes todavía llevan en la mente la colonización y pretenden perpetuar posiciones de privilegio y relaciones racializadas de poder, las herejías de la plurinacionalidad necesitan ser combatidas con las rigurosas reglas del Martillo de las Brujas, para así llevar a la hoguera las impertinencias de los históricamente subalternizados. Con convicción sostengo que este es un camino equivocado.
Es cierto, tuvimos líderes -indígenas y no indígenas-, que no actuaron con sincera rectitud, pero no solo en un periodo de veinte años, sino durante toda nuestra historia. Sin duda alguna cada época tuvo su satanás y justos no pueden pagar por pecadores, por eso, el avance constitucional progresivo de la plurinacionalidad no debe ir a la hoguera. Más bien, con los coloridos hilos de la diversidad, debieran fortalecerse los mecanismos de lucha contra la corrupción y de transparencia institucional, las políticas estatales para la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las diversas formas de violencias, entre ellas las de género, medidas que no requieren sacrificar la plurinacionalidad.