Recién se llevó a cabo una Cumbre judicial en Sucre, con invitaciones especiales a todos los sectores, que, a tiempo de la convocatoria, pensamos que ahora se empezará en serio una reforma judicial profunda. Al final del día, lo mismo de siempre, es decir, nada.
En los últimos años no sé cuántas cumbres judiciales se han realizado, pero todas ellas con el mismo resultado, nada.
Viendo el menú de los temas a tratarse y la conformación de las diferentes mesas de trabajo, se piensa en positivo, con la esperanza de que algo cambiará, pero…, resultó más de lo mismo.
En estas reuniones, que muestran una rimbombancia que hacen sacar pecho a sus “invitados” y, puedo estar equivocado, los participantes toman la palabra, para que figuren en las actas que estuvieron y participaron, como siempre, no se llegó a nada.
Hay un tema que no es uno más, al tratarse de una reforma judicial, es el principal y que permitirá todos los cambios profundos necesarios, y es el tema del presupuesto judicial. El porcentaje asignado llega al 1%, o sea nada, la lucha permanente ha sido reclamar el aumento de este porcentaje al 5%, nunca ocurrió, porque a los gobernantes les interesa el tema judicial solo para tener apoyo o usarlo para sus intereses, y no fue este asunto algo de los últimos 20 años, ha sido siempre, por la mezquindad de los gobernantes de turno.
Mientras no se tenga un presupuesto decente para el poder judicial, los cambios y necesarias transformaciones seguirán en niveles mediocres, con el agravante de que permite la corrupción de los miembros del poder judicial, para compensar sus magros ingresos.
Todos los otros cambios, urgentes y necesarios, en el poder judicial, se vuelven cantos de sirena, porque primero se debe atender a que los funcionarios judiciales tengan ingresos acordes a sus responsabilidades y funciones, y no dejar abierta la compuerta para la corrupción.
Otro asunto, inaudito por cierto, es que se encuentran en funciones en el Tribunal Constitucional unos magistrados auto prorrogados, es decir son ilegales, ejercen una ilegal función en el máximo tribunal de justicia de la nación y tienen el desparpajo de sentirse magistrados, y el pueblo es un impotente testigo de una grave ilegalidad, que se podía entender en el contexto del último gobierno, pero seguir con este tema en un nuevo gobierno y una nueva Asamblea Legislativa, donde se espera estén asambleístas nuevos y con mentalidad legal, pero no, los magistrados auto prorrogados siguen plantando cara y “qué me importa”.
Como claramente señala el jurisconsulto Ciro Añez, la solución de una profunda transformación en el poder judicial es “con una independencia política real, meritocracia, pruebas psicológicas, auditorias permanentes y un proceso de elecciones ajustado estrictamente a la Constitución”.
Mientras tanto, seguiremos dando vueltas en el barro.