Bolivia entra en la recta final de unas elecciones autonómicas que, por su magnitud, reflejan la complejidad institucional del país y la profundidad de su sistema de autonomías. Este domingo 22 de marzo los ciudadanos elegirán 5.432 autoridades en todo el territorio nacional. Entre ellas estarán nueve gobernadores departamentales, 335 alcaldes municipales, además de asambleístas departamentales y concejales que completarán la estructura política de los gobiernos regionales y locales. Se trata, en términos logísticos y políticos, de uno de los ejercicios democráticos más amplios del calendario electoral boliviano.
Pero la magnitud del proceso no debe confundirse con la calidad de la democracia que lo sustenta. Si algo ha llamado la atención en esta campaña es la inusitada cantidad de candidatos que disputan los distintos cargos en juego. La abundancia de postulantes podría interpretarse como una señal de vitalidad democrática. Sin embargo, la experiencia demuestra que más candidaturas no necesariamente equivalen a mejores opciones políticas.
En esta campaña han emergido candidatos pintorescos, improvisados o carentes de conocimiento sobre la gestión pública, cuya notoriedad no proviene de su trayectoria política ni de propuestas de gobierno, sino de su capacidad para generar impacto en redes sociales. La política contemporánea convive inevitablemente con el fenómeno digital. Pero sería un error aceptar que la popularidad en plataformas como TikTok pueda reemplazar la experiencia administrativa o el conocimiento del Estado. La viralidad puede ganar seguidores; gobernar exige algo más.
En ese contexto, merece reconocimiento el esfuerzo del Órgano Electoral Plurinacional por promover debates entre candidatos. En un país donde la deliberación pública suele verse desplazada por la propaganda y el espectáculo político, cualquier intento por incentivar la confrontación de ideas constituye un avance democrático. Sin embargo, la cantidad de postulantes y los formatos aplicados muestran que este mecanismo todavía requiere ajustes que permitan discusiones más sustantivas.
Más preocupante resulta la decisión de algunos candidatos de rehusar directamente la participación en debates. El debate público es una práctica esencial de la democracia representativa. Rechazarlo implica privar al ciudadano de la posibilidad de contrastar propuestas y evaluar la capacidad de quienes aspiran a gobernar. Conviene decirlo sin rodeos: quien huye del debate difícilmente debería reclamar el voto de los ciudadanos.
Otro elemento negativo ha sido la intensificación de la guerra sucia en redes sociales. Manipulaciones, desinformación y ataques personales han circulado con facilidad preocupante. En algunos casos se han alcanzado extremos particularmente graves, como el acoso político y el discurso de odio contra mujeres candidatas, prácticas que degradan el debate público y atentan contra la igualdad democrática. La regulación efectiva de estos fenómenos constituye una tarea pendiente que el país deberá encarar con urgencia.
Al concluir la jornada electoral del domingo, todos los municipios del país contarán con alcaldes y concejales electos, y quedará definida la composición de las asambleas legislativas departamentales. En varios departamentos es probable que la elección de gobernadores requiera una segunda vuelta, lo que extenderá el ciclo electoral más allá de esta primera votación.
Con todo, llega el momento decisivo. La hora del ciudadano, la hora del voto. En medio de campañas intensas y promesas diversas, el elector tiene en sus manos la decisión final. Conviene ejercer ese derecho con reflexión y responsabilidad, respaldando propuestas y trayectorias antes que emociones pasajeras.
Porque también es necesario reconocer una verdad incómoda: el elector puede equivocarse. Y cuando eso ocurre, las consecuencias se extienden durante cinco años de gestión pública, un periodo demasiado largo como para permitir que la decisión colectiva se base en la improvisación o la popularidad momentánea. Una democracia madura exige ciudadanos conscientes del peso de su voto.