Desde el 2019, en Bolivia, se instala una intensa pugna entre dos relatos. Por un lado, los que sostienen que la crisis y posterior renuncia de Morales fue un golpe de Estado. Por el otro, los que defienden la tesis de que, en las elecciones de octubre del 2019, en el conteo de votos, hubo un escandaloso fraude, cuyo rechazo derivó luego en 21 días de bloqueos y conflictos, con el desenlace ya conocido.
En esta pugna, se pueden identificar tres momentos. El primero, durante el periodo transitorio de Jeanine Áñez. El segundo, el más intenso, durante los cinco años del gobierno de Luis Arce y el tercero con el nuevo gobierno de Rodrigo Paz.
En el gobierno de Jeanine, se intentó posicionar la idea del fraude, que dio inicio a la movilización y protesta. El relato y el discurso de fraude electoral, estaban respaldados con informes técnicos, estudios estadísticos y análisis comparados. En ese sentido, el documento más importante fue el informe de la OEA que identifica: interrupción del TREP, alteración de actas, manipulación dolosa y vulneración de sistemas informáticos.
Convergen con este informe, las afirmaciones del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero Ballivián, quien sostuvo que el proceso electoral del 2019 estuvo “severamente comprometido” por un control político que impedía transparencia y autonomía institucional.
En conjunto, todos estos análisis construyeron un relato alternativo: la crisis del 2019 no fue el resultado de un golpe, sino la consecuencia del fraude que detonó el colapso.
De cualquier forma, fue muy corto ese periodo para lograr posicionar la narrativa. Aunque se elaboraron algunos documentales, publicaron varios libros y reseñas de los 21 días que significó el conflicto.
Sin embargo, luego la balanza se inclina a favor de la narrativa del golpe de Estado. El Movimiento Al Socialismo, al recuperar el poder con la asunción de Luis Arce, se empeñará en posicionar la idea del golpe como única verdad. Desde el Estado, los “vencedores” escribirán la “historia oficial”, atribuyendo las masacres de Senkata y Sacaba a los “golpistas”.
Con recursos del Estado, los “intelectuales orgánicos” del proceso de cambio, publicaron también varios libros e “investigaciones” que daban cuenta y reforzaban la idea del golpe. Sin escrúpulos, defendieron y alentaron dogmáticamente esa versión.
En el inicio de la pugna, entre estos dos relatos, es detenida Jeanine Áñez, la “presidenta golpista”. Es recluido también, Marco Antonio Pumari. Luego, Luis Fernando Camacho. Ambos como “cabecillas e instigadores” del golpe. Asimismo, con el pretexto de la comisión de otros delitos, varios lideres de la Resistencia Juvenil Cochala serán aprehendidos y procesados en la vía judicial.
Todas estas aprehensiones necesitaban un adecuado contexto, donde el relato del golpe ya esté posicionado en el imaginario popular. Ambas cosas tenían que ir a la par, ninguna por separado. Con todo el poder del Estado podían “armar” juicios y sentenciar. Empero, para ello, requerían de una narrativa eficaz.
Como sostiene, Rafael Rojas, “las narrativas políticas no solo explican el pasado, sino que pretenden imponer un futuro posible”. De ahí que, la lucha por el relato es también una lucha por el poder. Su disputa no es solo semántica: define legitimidades, responsabilidades y memorias colectivas.
En ese sentido, la narrativa del golpe, como hemos visto, permitió justificar la persecución judicial no solo en contra de Jeanine Áñez y sus ministros, sino también en contra de los altos mandos militares, instalando la idea de que el gobierno de transición fue totalmente ilegitimo, en su origen y en su ejercicio.
Durante el último ciclo gubernamental del MAS (2020–2025), el relato del golpe fue marginado, judicialmente desautorizado y políticamente neutralizado. Se buscó imponer una lectura única, destinada a cerrar la discusión y consolidar una verdad oficial.
Sin embargo, la última elección, cambió el escenario. Con el fin del predominio masista y la llegada de un nuevo gobierno, el equilibrio narrativo vuelve a moverse. La liberación de Jeanine Áñez, más que un hecho jurídico, marca el inicio de una disputa simbólica renovada. El relato del fraude —silenciado institucionalmente durante cinco años— comienza a recuperar centralidad y legitimidad política.
El nuevo gobierno, así como las fuerzas opositoras al MAS, tenderán a consolidar la interpretación según la cual, el cambio de gobierno del 2019 fue consecuencia de un fraude y no de un golpe. En este contexto, la pugna por el relato se convierte en un terreno decisivo para reconfigurar el mapa político y redefinir responsabilidades.
A cinco años de la crisis, en este nuevo escenario, la verdad material e histórica de los hechos debe prevalecer sobre las narrativas interesadas.
Por ahí, se vuelca la historia y acaban en la cárcel Evo Morales, García Linera, Juan Ramon Quintana y demás secuaces, que, a costa de baños de sangre y muertos, pretendían retornar al palacio con su estrategia de “vacío de poder”, implementada con la renuncia de todas las autoridades en la cadena de sucesión.