Los Órganos Legislativos de los diferentes niveles de gobiernos ejercen las funciones de legislación, fiscalización y de gestión en sus respectivos ámbitos competenciales.
El legislador nacional, diputado o senador, respecto a la fiscalización, esta tiene dos dimensiones: es una atribución y derecho a la vez (158.I.17,18 y 19 CPE con relación al 23 inc. b) del Reglamento de Diputados, misma que se ejerce a través de las Peticiones de Informe Escrito y Oral (PIEs-PIOs) dirigidos a la administración pública ejercida a través de los ministros de Estado, que deben responder por el manejo del Estado y las acciones que realicen sus dependientes dentro de sus competencias; sin embargo, esta atribución debe tener un origen, fundamento y objetivo, además de conservar y respetar el procedimiento establecido.
Lo anterior, de ninguna manera trata de menoscabar o restringir el derecho de fiscalización de los parlamentarios; es una autocrítica para mejorar nuestro trabajo como fiscalizadores de la cosa pública y la gestión de gobierno, puesto que el trabajo de los legisladores no genera ningún beneficio a la población y al Estado, lamentablemente esa es la percepción del ciudadano. Asimismo, se advierte que ‘algunos’ diputados, a título de fiscalización, pretenden ingresar a cualquier dependencia del Estado ¿A fiscalizar qué? ¿A ver qué? ¿Verificar que? Hasta el señor Edmand Lara, hace un tiempo pretendió ingresar a las instalaciones de YPFB bajo el pretexto de fiscalizar el tema de “gasolina” sin previa comunicación, sin un equipo técnico, simplemente acompañado de su ego. Afortunadamente, un servidor público hizo cumplir las medidas de seguridad de la empresa y no le permitió el ingreso, aunque esto no impidió que Lara generé noticia efímera; él quería cámara y lo logró.
Las acciones de fiscalización no son un derecho para entrar donde sea y como sea, ¡como Pedro por su casa! Debemos respetar el procedimiento establecido, obtener información de los ministerios, empresas estatales, municipios, gobernaciones y de la universidades, todas estas instituciones tienen el deber de informar a la ALP, independientemente de sus respectivos legislativos regionales, que en el caso de la Municipalidad de Santa Cruz, no funcionaron de forma efectiva, puesto que los concejales fueron cooptados por el Ejecutivo Municipal y no generaron una fiscalización real y efectiva a la gestión de Jhonny Fernández, que destruyó nuestra ciudad. Lo propio pasó en la Gobernación. Los asambleístas departamentales dejaron de fiscalizar cuando tenían espacio y cuotas de poder, sin embargo, cuando alguien decidió fiscalizar, fue tachado de traidor. Dicho de otro modo, cuando te dan pegas y espacio de poder “estás en lista de candidatos”, permaneces calladito, cuando no son tomados en cuenta, retiran los apoyos. El caso más patético son Edwin Bazán, Henry Montero y Walthy Eguez, a quienes no les dieron espacio en las listas para las elecciones subnacionales y recién criticaron la gestión de Camacho. Esto deja al descubierto que las acciones de fiscalización son “selectivas”, es decir, si el legislador es aliado político o tiene cupos de trabajo, no fiscaliza, y si no tiene, presiona a través de PIEs, PIOs e interpelaciones, genera conferencias de prensa cuestionando a la institución pública o MAE de cualquier entidad, denuncia públicamente y acuden directamente a las instituciones para lograr espacios de trabajo en la Aduana, YPFB, ASFI y otros. Los diputados deben dejar de ser Agencias de Empleos.
Lo precedente fue una práctica del gobierno del MAS, hasta las organizaciones sociales como las Bartolinas, CSUTCB, COB, COR El Alto y otros, exigían a los ministros cargos para colocar a sus bases y no siempre eran personas que cumplían los perfiles técnicos que exigen los puestos de trabajo conforme a los Manuales de Funciones. Por este motivo, tuvimos una gestión nefasta en el Fondo Indígena y en otras varias reparticiones estatales. Esto no debe continuar, la Fiscalización Parlamentaria no debe constituirse en acciones de extorsión y chantaje al Órgano Ejecutivo. Si algún diputado o senador, que forma parte de la coalición de gobierno, requiere trabajo para colocar a su “gente” que pida una cita con el ministro incorporado al Gabinete merced al acuerdo político y le presente los ‘curriculum vitae’ para que éste, pueda evaluar la pertinencia de su contratación o incorporación al servicio público, en la que se debe respetar la formación y la capacidad técnica y profesional.
Si un legislador quiere investigar algún hecho dentro de la administración pública, en la vía legislativa, tiene que hacerlo conforme a los reglamentos a través de PIEs, PIOS y a través de los Comités y Comisiones que son instancias de trabajo y fiscalización, así también, las Comisiones que se conformen para determinado caso, y si las acciones constituyen delitos, deberá acudir ante el Ministerio Público a presentar la denuncia respectiva.
Es importante mencionar que una de las acciones de fiscalización es el proceso de Interpelación a los Ministros, que habría sido suspendida por una medida cautelar dentro de una acción interpuesta por el exministro de Economía, Montenegro. Cabe aclarar que ninguna autoridad Jurisdiccional o Sala Constitucional puede suspender las atribuciones del Legislativo Nacional; la interpelación está vigente. Sin embargo, para su activación y el cumplimiento de sus fines y objetivos, debe guardar los aspectos de forma y fondo, no debe confundirse y formularse como un PIO, puesto que no es una Petición de Informe Oral, tal cual fue presentado por tres senadores al ministro de Hidrocarburos. Eso no es una INTERPELACIÓN, cuyo análisis será desarrollado en una próxima opinión.
(*) El autor es diputado nacional