Mucho se ha escrito sobre el Fondo Indígena (Fondioc), especialmente tras la detención de Luis Arce Catacora bajo cargos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Sin embargo, más allá de la indignación por el desfalco de millones de dólares provenientes de la renta petrolera, existe una dimensión política poco explorada: el entorno que facilitó este saqueo, que, hasta hoy, permanece impune.
En su libro Crónica de una traición (Plural, 2017), Oscar Ortiz Antelo analiza el contexto político que llevó al gobierno de Evo Morales a asaltar el Fondioc durante su segundo mandato. Para entender la necesidad política que tuvo Morales de hacerlo, Ortiz explica cómo la evolución del concepto de “lo indígena” hacia lo “indígena originario campesino” permitió la convergencia de grupos con intereses distintos y, a menudo, contrapuestos que se amalgamaron bajo el concepto movimientos sociales cuya lealtad y apoyo debieron ser comprados por Morales.
Esta fricción quedó demostrada en el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis): mientras la COB y el movimiento indígena defendían el territorio, el sector campesino cocalero impulsaba la carretera para beneficiar sus propios intereses productivos, evidenciando las grietas internas de los movimientos sociales que sustentaban al gobierno.
Según el análisis de Ortiz, el saqueo del Fondioc comenzó en 2010. Esto no ocurrió porque la coalición de movimientos sociales fuera dócil durante el primer gobierno de Morales, sino porque en ese periodo fueron cooptados mediante el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, que fue financiado con aproximadamente $us 400 millones por el gobierno venezolano.
Al agotarse el financiamiento venezolano por la crisis económica de ese país, Morales y su séquito buscaron una nueva fuente para financiar prebendas. El Fondioc se presentó como la alternativa ideal: para fines de 2009, contaba con más de $us 100 millones de dólares en reservas. Además, al recibir el 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) —según el DS 28571 promulgado por Rodriguez Veltzé cuatro días después de la victoria electoral de Morales y que fue un regalo a la nueva administración que asumiría en pocas semanas MAS— y ante el auge en la producción de YPFB, su capacidad de captación de recursos era incomparable.
El desfalco al Fondioc ha sido millonario y ha sido ampliamente documentado y analizado por Ortiz como por otros autores, y queda demostrado que los fondos provenientes de allí sirvieron para la campaña política de Morales como para el beneficio personal de quienes dirigieron ese fondo.
Al encontrarse Bolivia en el inicio de un nuevo ciclo, la pregunta es cómo se está construyendo el andamio político actual y si se confirmará la tesis del eterno retorno de Nietzsche: una circularidad donde el poder no evoluciona, sino que simplemente repite sus vicios y errores bajo nuevos nombres y personajes.
Evidentemente, el actual modelo de poder está en construcción y no hay por qué sugerir nada impropio en su estructura, sin embargo, la pregunta de qué características tiene o pudiera tener es pertinente cada vez que existe la posibilidad de caer en la repetición sistemática de estos esquemas de cooptación que nos enfrenta a la versión más sombría del eterno retorno nietzscheano.
La impunidad de quienes lucraron mediante métodos de cooptación por medio de las arcas estatales se manifiesta en Bolivia como una condena histórica, nacida de la incapacidad de renovar valores y del afán por perfeccionar la captura del Estado. La impunidad actúa como el eje del círculo, permitiendo que la corrupción se reconfigure y retorne una y otra vez. Se presenta como algo nuevo ante una sociedad que, pese a la eterna esperanza y promesa de que esta vez será distinto, corre el riesgo de habitar nuevamente el mismo pasado.
La evidente impunidad de quienes diseñaron y se beneficiaron del desfalco al Fondioc demuestra que, en Bolivia, el riesgo de asumir responsabilidades legales es ínfimo. Como señalé anteriormente, esta misma suerte corrieron los responsables de crímenes de lesa humanidad identificados por las Comisiones de la Verdad de 1982 y 2016. Esto ratifica un hábito institucional que trasciende siglas partidarias: la creación de comisiones cuya ineficacia parece estar diseñada para perpetuar la impunidad.
Así, el Uróboros, aquella serpiente que se come la cola y al hacerlo se nutre de sí misma para sobrevivir y crecer, está entre nosotros. Dependerá del coraje y visión de la nueva administración de no alimentarla y evitar el eterno retorno a MAS de lo mismo.