Hay momentos en la historia de un país en los que la pregunta deja de ser retórica y se vuelve urgente, casi incómoda. Bolivia atraviesa uno de esos momentos. No es solo una sensación difusa de incertidumbre: es una tensión concreta entre lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos ser.
La llegada de Rodrigo Paz al poder abrió una puerta que durante años parecía cerrada. Una puerta hacia la posibilidad —solo posibilidad— de reconstruir instituciones, ordenar la economía y, sobre todo, reconciliar al país consigo mismo. Pero como bien se ha insistido en varias reflexiones recientes, esa posibilidad no es garantía. Es apenas un punto de partida.
Hoy Bolivia se encuentra en una encrucijada real. Y como toda encrucijada, no se define por discursos, sino por decisiones.
Las primeras señales del nuevo gobierno han sido claras: desmontar un modelo estatal que, según su diagnóstico, se volvió ineficiente, sobrerregulado y capturado por intereses políticos. El llamado “shock desregulatorio” —con medidas como la simplificación de trámites, la digitalización del Estado y la eliminación de barreras burocráticas— apunta a reactivar la economía y atraer inversiones.
En paralelo, se han planteado recortes al gasto público, eliminación de ciertos impuestos y apertura hacia el capital privado, en un intento por revertir la crisis económica más profunda en décadas.
Sobre el papel, el rumbo parece claro: menos Estado, más iniciativa privada, mayor inserción internacional.
Pero Bolivia no es un país que pueda leerse únicamente desde la lógica económica.
El problema —y también la oportunidad— es más complejo.
Porque mientras se intenta construir un nuevo modelo, emergen las grietas del anterior. La reciente denuncia sobre redes de corrupción en la cadena de combustibles, que habrían operado durante años dentro de la estructura estatal, no solo revela irregularidades: expone la fragilidad institucional acumulada.
Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿basta con cambiar las reglas si no cambiamos las prácticas?
En varias columnas de opinión que han marcado el debate reciente, se insiste en un punto clave: Bolivia no necesita reemplazar una ideología por otra. Necesita salir de la lógica de las trincheras. La sobreideologización, lejos de resolver problemas, ha profundizado la polarización y debilitado la posibilidad de acuerdos básicos.
Ese es, quizás, el mayor desafío del momento actual.
El gobierno de Paz parece apostar por una narrativa de “nuevo ciclo”, donde el país deje atrás casi dos décadas de hegemonía política y ensaye un camino distinto. Pero ningún ciclo se cierra por decreto. Los ciclos se transforman cuando cambian las relaciones entre Estado, sociedad y ciudadanía.
Y ahí es donde el optimismo debe ser prudente.
Porque si bien hay señales positivas —mayor apertura económica, intención de modernizar el aparato estatal, búsqueda de estabilidad macroeconómica— también existen riesgos evidentes. La reducción del Estado, sin una estrategia clara de protección social, puede profundizar desigualdades. La atracción de inversión, sin reglas transparentes, puede reproducir viejas formas de captura. Y la lucha contra la corrupción, si no es sostenida e institucional, puede quedar en gestos aislados.
Bolivia ya ha vivido promesas de cambio antes.
Lo que diferencia este momento no es la magnitud de las reformas anunciadas, sino la profundidad de la crisis que se intenta resolver.
Una crisis que no es solo económica.
Es institucional, porque la confianza en las reglas del juego está debilitada.
Es política, porque la polarización ha reemplazado al diálogo.
Y es social, porque amplios sectores sienten que el futuro es más incierto que el pasado.
Frente a esto, la tentación es caer en el péndulo: o todo mejorará o todo empeorará.
Pero la realidad suele ser menos dramática y más exigente.
Bolivia no va a mejorar por inercia. Tampoco está condenada a empeorar.
Va a depender —como pocas veces— de la capacidad de construir consensos mínimos. De entender que el desarrollo no es solo crecimiento, que la estabilidad no es solo control fiscal y que la democracia no se sostiene únicamente en elecciones.
Va a depender, también, de la ciudadanía.
Porque si algo ha quedado claro en la historia reciente es que ningún proyecto político, por ambicioso que sea, puede sostenerse sin una sociedad que lo cuestione, lo acompañe y lo vigile.
En ese sentido, el mayor riesgo no es el error del gobierno.
Es la indiferencia colectiva.
La pregunta, entonces, no debería ser solo si esto va a empeorar o mejorar.
La verdadera pregunta es otra: ¿vamos a asumir que el rumbo del país también nos corresponde?
Bolivia tiene hoy una oportunidad. No es perfecta, no es segura, no es inmediata. Pero existe.
Y como toda oportunidad en nuestra historia, puede perderse si se la deja en manos de unos pocos o puede transformarse si se la asume como una tarea compartida.
El futuro, esta vez, no está escrito.
Y esa es, al mismo tiempo, la mayor incertidumbre y la mayor esperanza.
(*) La autora es escritora