A la expectativa de que algo bueno nos puede suceder, incluso cuando las circunstancias no lo garantizan, la llamamos esperanza. Y rara vez ha sido tan racionalmente necesaria como hoy en Bolivia. No es una emoción ligera ni un optimismo decorativo, es un activo político que está reorganizando percepciones, generando adhesiones y definiendo nuevas coordenadas de confianza entre Estado, ciudadanía y economía.
Ha pasado poco más de una semana desde que un nuevo Gobierno entró a Palacio y, aun antes de hacerlo, empezó a comunicar señales distintas a las que habían sido el repertorio de más de dos décadas. Más técnicas, pragmáticas y menos ideologizadas— y esto está modificando el clima político. Charles Taylor diría que emerge un nuevo “horizonte de sentido”, un marco de interpretación que permite imaginar futuro donde antes ya solo vivíamos estancamiento. La esperanza, así, no es un sentimiento; es la nueva gramática con la que se reescribe el contrato social y político del país.
Durkheim describiría este momento como una efervescencia colectiva, una activación emocional y simbólica que precede a los grandes reordenamientos sociales. La ciudadanía empieza a percibir que el país puede moverse, y esa percepción define el ritmo del cambio.
Desde la comunicación política, la esperanza cumple una función central, porque alinea expectativas. Un liderazgo se fortalece no solo por lo que hace, sino por la capacidad de convertir señales en relato. Ernesto Laclau lo explica con claridad: la hegemonía nace cuando un proyecto logra articular demandas diversas en una narrativa común. Y en estos primeros días, Rodrigo Paz Pereira está intentando, precisamente eso, convertir reclamos económicos, exigencias de transparencia, necesidades de ajuste y urgencias productivas en partes de una misma promesa creíble.
Lo que antes se vivía como una sumatoria de crisis —escasez, corrupción, distorsiones, parálisis— hoy empieza a reconfigurarse como un desafío compartido, susceptible de ser resuelto con gestión técnica, cooperación y un nuevo ethos público.
Anthony Giddens recordaría que las sociedades leen las señales políticas tanto como los datos económicos. La caída del dólar paralelo, la normalización del combustible o la conformación de un gabinete que después de muchos años puede calificarse como técnico son señales que se interpretan. Son mensajes que reorientan decisiones de inversión, participación ciudadana y respaldo político.
En este contexto, la esperanza se transforma en infraestructura comunicacional, sostiene legitimidad, reduce incertidumbre y genera capital político. Y se traduce en acciones concretas —reapertura de relaciones internacionales, encuentros con empresarios, controles anticorrupción— que son leídas como parte de un proyecto coherente y ejecutable. La esperanza no es ingenua, es racional porque se ancla en hechos; y es estratégica porque abre margen de maniobra para gobernar.
Este espacio de reconstrucción existe por la esperanza de los bolivianos depositada en las urnas. No es un regalo, es un bien político escaso y que puede ser el vehículo para cambios profundos.
Al final, los países no cambian solo cuando se resuelven sus problemas; cambian cuando la ciudadanía vuelve a creer que esos problemas sí se pueden resolver. Y hoy los bolivianos necesitamos creer.