En la historia reciente del país, pocas veces se ha vivido una dualidad tan marcada como la que impone la actual gestión gubernamental. Mientras las comitivas oficiales recorren el mundo con folletos brillantes y discursos ensayados sobre una "nueva Bolivia" abierta a los negocios, en el territorio nacional la realidad transita por carriles opuestos. Son más de ciento veinte días de administración en los que las promesas de cambio chocan frontalmente con la incapacidad de resolver los problemas estructurales que aquejan a la población.
La primera imagen que proyecta el gobierno es la de un país en plena transformación, listo para recibir capitales extranjeros y posicionarse como un destino atractivo para las inversiones. Los viajes al exterior se han convertido en la principal vitrina para mostrar esta faceta. En cada conferencia internacional, las autoridades explican que Bolivia ha dejado atrás viejas prácticas y que ahora ofrece condiciones favorables para quienes deseen invertir. Se habla de estabilidad, de reglas claras y de un futuro promisorio que estaría a la vuelta de la esquina. Esta narrativa se refuerza con gestos simbólicos y encuentros de alto nivel que buscan generar confianza en la comunidad internacional.
Sin embargo, mientras se construye esta ficción en el exterior, dentro del país la crisis avanza sin que el gobierno encuentre mecanismos efectivos para contenerla. La segunda Bolivia es la que se desangra diariamente en conflictos internos, la que padece las consecuencias de decisiones erráticas y la que observa cómo la corrupción sigue enquistada en las estructuras del Estado. Es la Bolivia de las contradicciones permanentes, donde lo que se anuncia en conferencia de prensa rara vez se cumple en los hechos.
La medida más emblemática de esta gestión ha sido el levantamiento de la subvención a los combustibles. Presentada como una solución necesaria para aliviar las cuentas fiscales, esta decisión no ha hecho más que evidenciar la falta de planificación y de visión de conjunto. Lejos de resolver los problemas, la medida trasladó la presión a otros sectores de la economía sin que exista una estrategia clara para mitigar sus efectos. El gobierno actuó con determinación para aplicar el ajuste, pero demostró una total ausencia de capacidad técnica para acompañarlo con políticas que protejan el bolsillo de los ciudadanos.
La crisis económica no da tregua y las autoridades se muestran desbordadas por una realidad que no logran dominar. No hay respuestas para la inflación que comienza a sentirse en los mercados, no hay soluciones para la escasez de divisas que estrangula a los importadores y no hay propuestas coherentes para reactivar un aparato productivo que permanece estancado. Mientras tanto, los conflictos sociales se multiplican en distintas regiones del país, evidenciando que el tejido social se resquebraja ante la falta de respuestas oportunas.
Lo más preocupante del escenario actual no es solo la profundidad de la crisis, sino la evidente parálisis del gobierno para abordarla. Las autoridades muestran un desconocimiento alarmante de los problemas que afectan a la población y una notable ausencia de liderazgo para conducir procesos de diálogo que permitan construir consensos mínimos. En lugar de convocar a los sectores sociales y económicos para buscar salidas colectivas, el gobierno se refugia en decretos unilaterales y en medidas que solo profundizan el malestar.
Las contradicciones del discurso oficial son cada vez más difíciles de ocultar. Por un lado, se insiste en que el país avanza hacia la estabilidad; por otro, los indicadores económicos y sociales muestran un deterioro continuo. Se habla de transparencia y lucha contra la corrupción, pero los casos de malos manejos en empresas públicas y en instancias gubernamentales se acumulan sin que existan consecuencias claras para los responsables. Se proclama la defensa de los intereses nacionales, mientras se adoptan medidas que benefician a sectores específicos en detrimento de las mayorías.
En este contexto, las dos Bolivias coexisten de manera cada vez más insostenible. Una es la que se vende en los foros internacionales, la que aparece en los comunicados oficiales y la que justifica los viajes gubernamentales. La otra es la que enfrentan los ciudadanos en su vida cotidiana: la del transporte que encarece sin control, la de los precios que suben sin explicación, la de los servicios públicos que se deterioran y la de la incertidumbre sobre el futuro inmediato.
El peligro de esta dualidad radica en que ninguna de las dos Bolivias puede subsistir por sí misma. La ficción internacional se sostiene sobre la base de datos y percepciones que la realidad interna terminará por desmentir tarde o temprano. Y la Bolivia real, la que sufre las consecuencias de la mala gestión, no podrá esperar indefinidamente mientras las autoridades se dedican a construir una imagen que no se corresponde con los hechos.
El balance de estos primeros meses de gobierno no puede ser más desalentador para quienes esperaban un cambio de rumbo. La crisis económica no solo no se ha resuelto, sino que ha encontrado en la inacción oficial un terreno fértil para profundizarse. La capacidad de respuesta del equipo gubernamental ha quedado en entredicho, evidenciando que las credenciales técnicas que se exhibieron durante la campaña no eran más que otro elemento de la ficción que ahora intentan vender al exterior.
Mientras las autoridades continúan su gira internacional mostrando una Bolivia que no existe, dentro del país la paciencia se agota y los conflictos se acumulan. La pregunta que flota en el ambiente es hasta cuándo podrá mantenerse esta peligrosa dualidad sin que una de las dos Bolivias termine por imponerse sobre la otra. Y en esa disputa, la que lleva todas las de perder es la Bolivia real, la que no aparece en los folletos promocionales pero que sigue esperando respuestas que nunca llegan.
(*) La autora es senadora por Santa Cruz