Cuna de Ford, General Motors y Chrysler, en los años 50, Detroit era una de las ciudades más ricas de Estados Unidos. En la otrora capital automotriz del mundo, la producción elevó los salarios, expandió la clase media y convirtió a cientos de obreros en prominentes empresarios. Medio siglo después, la misma ciudad que se vanagloriaba de ser una de las capitales económicas del gigante estadounidense, se declaró en bancarrota y contaba con menos de la mitad de la población que tenía antes. ¿Qué ocurrió?
Desde los años 50, la élite política de Detroit optó por la ruta de mayor intervención estatal local: más impuestos, más regulaciones y una creciente captura del poder por parte de estructuras sindicales y burocráticas que priorizaron rentas y beneficios de corto plazo. Destruyeron la institucionalidad porque los líderes locales subestimaron el poder de las ideas.
Durante décadas, las autoridades y líderes de Detroit asumieron que la riqueza sería permanente y en vez de mejorar la libertad económica de esta ciudad, aumentaron el gasto municipal, prometían beneficios insostenibles, hicieron de la regulación un acto de orgullo y elevaron impuestos para financiar un aparato estatal cada vez más rígido y burocrático. El resultado era predecible para un estudiante de economía, pero no para las autoridades locales: ante los altos costes de hacer negocios, cientos de empresas migraron, familias y contribuyentes se fueron, la base fiscal se erosionó y esa ciudad terminó siendo inhabitable.
El intervencionismo local generó incentivos perversos. Regulaciones urbanas excesivas, costos laborales crecientes y decisiones políticas desconectadas de la realidad productiva aceleraron la desindustrialización y, lo que fue peor, la desinversión. En unas cuantas décadas, la ciudad perdió más de la mitad de su población. Barrios enteros quedaron abandonados; la promesa de que un Estado municipal más grande garantizaría prosperidad terminó en insolvencia histórica en 2013, la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos.
Hoy, los municipios de Bolivia, particularmente los de las regiones metropolitanas, cuentan con la responsabilidad histórica de contribuir a salir de la peor crisis económica, social e institucional que nos dejaron 20 años del gobierno socialista de Evo Morales y Luis Arce. La evidencia histórica y económica reciente demuestra que es posible crecer localmente a pesar del Estado, pero si el gobierno municipal permitiera mayores niveles de libertad económica, cada ciudad podría contar con mejores condiciones de mayor producción, menor pobreza, mayor cuidado con el medio ambiente, mayor formalidad laboral, y mucha, pero mucha satisfacción en la calidad de vida de las personas y las familias.
No caigamos en la tragedia de Detroit: la riqueza de una ciudad puede verse dilapidada si se erosionan sus fundamentos institucionales; la prosperidad urbana depende de reglas previsibles; reducción y digitalización de trámites; impuestos competitivos; zonas económicas especiales, respeto a la propiedad y libertad para innovar. Bolivia tiene numerosos casos de ciudades que lograron niveles de crecimiento importantes, pero descuidaron la sostenibilidad, y la sostenibilidad está en la calidad institucional.
Cuando votamos, no elegimos solo personas, generamos señales e incentivos. Si queremos ciudades dinámicas y habitables, debemos votar por mayor libertad económica. Si no se mejoran los fundamentos institucionales del sistema económico de cada metrópoli, en unos cuantos lustros podremos contar con metrópolis inhabitables, desindustrializadas y pobres.
Hoy, ya sin el error histórico que significó el MAS, elijamos a quienes promueven mayor libertad económica.
(*) El autor es economista experto en fortalecimiento institucional