En Bolivia, los calendarios políticos suelen ser una prueba de resistencia, pero pocas veces como hoy se ha sentido con tanta claridad que las instituciones corren detrás de los acontecimientos. Este jueves 4 de diciembre marca el inicio del empadronamiento electoral masivo y, al mismo tiempo, la apertura de la carrera para que los ciudadanos interesados presenten su postulación como vocales del Tribunal Supremo Electoral. Dos procesos cruciales que deberían seguir ritmos razonables avanzan ahora bajo la sombra de una urgencia que no nació de la técnica, sino de la demora política.
Mientras los legisladores celebran haber cumplido con su parte, serán los postulantes quienes deban enfrentar una maratón de trámites diseñada más para evitar el vacío institucional que para garantizar un examen real de capacidades.
La Asamblea Legislativa aprobó la norma después de jornadas que parecieron desafiantes incluso para el sentido común. En Diputados, una sesión de casi 24 horas terminó suprimiendo exámenes, entrevistas y planes de trabajo bajo el argumento de que “los tiempos no dan”. En el Senado, la celeridad adquirió forma de cronograma deportivo: doce fases, la mayoría de un solo día, y apenas cuatro para presentar postulaciones. Lo que debería ser un proceso deliberativo se convirtió en una carrera contra el reloj.
La urgencia tiene, es cierto, un fundamento jurídico. El mandato de los vocales se computa por periodo constitucional y concluye el 19 de diciembre, sin excepción. El Órgano Electoral Plurinacional quedaría sin autoridades en cuestión de días y la ley busca impedir un vacío institucional justo cuando arranca el ciclo subnacional. Pero el apuro inevitable convive con una inercia peligrosa: mientras el Legislativo se enfoca en el nivel nacional, las asambleas departamentales ni siquiera han puesto en agenda la conformación de ternas para los Tribunales Electorales Departamentales. También aquí el tiempo corre y nadie parece dispuesto a reconocerlo.
Al mismo tiempo, la presión no termina con la selección. La nueva ley impone a los futuros vocales una tarea titánica: elaborar un nuevo padrón electoral en un plazo máximo de dos años. Fácil de escribir en un artículo normativo, difícil de materializar en un país que ni siquiera pudo acordar un proceso de preselección sin sacrificar etapas esenciales. El proyecto, calculado antes en más de 50 millones de dólares, requiere no solo recursos sino un consenso político amplio, el mismo que en los últimos años ha sido sustituido sistemáticamente por disputas, impugnaciones y dilaciones.
El empadronamiento que inicia hoy tampoco escapa a esta tensión. El tiempo es corto, las necesidades logísticas son amplias y la ciudadanía volverá a enfrentar un proceso que exige presencia, información y confianza. Todo esto ocurre, lamentablemente, bajo el peso de las mismas demoras que generan los políticos que saben discursar mucho y dialogar poco. Pese a ello, la renovación de los gobiernos locales está en marcha. En marcha forzada, sí, y no en las mejores condiciones para una democracia que necesita serenidad, previsión y acuerdos mínimos. Pero la realidad se impone por encima de la prudencia que debería guiar a quienes toman decisiones en nombre del país.
Aun así, conviene recordar un hecho esencial: la democracia boliviana ha sobrevivido a los mejores y a los peores políticos desde 1982. Ha resistido crisis más profundas, ha sorteado vacíos más peligrosos y ha encontrado, una y otra vez, la forma de sostenerse gracias a la convicción de un pueblo que, con todas sus frustraciones, continúa valorando su derecho a elegir. Hoy no es distinto. Vale una certeza: mientras la ciudadanía mantenga la voluntad de defender su democracia, ninguna carrera contra el tiempo logrará arrebatarle ese logro histórico.