Bolivia es, por diseño constitucional y por tradición histórica, un país presidencialista. La arquitectura del poder está diseñada para que el jefe de Estado conduzca el rumbo del país y el vicepresidente acompañe, respalde y complemente esa conducción. No es un diseño caprichoso: garantiza continuidad, estabilidad y claridad de mando. Pero da la impresión de que en Bolivia más que un Gobierno contra la crisis han surgido distorsiones sobre el rol vicepresidencial.
En otros países entendieron tanto los riesgos de la ambición mal encauzada que directamente eliminaron la figura. Chile lo hizo en 1833. Lo mismo ocurrió en México en 1917. En España, el presidente elige a su vice; en Suiza, ni siquiera existe un presidente permanente. En Bolivia, en cambio, el cargo parece haber sido concebido para atormentar al presidente de turno.
En apenas días, Edmand Lara decidió comportarse como si el triunfo electoral hubiera sido exclusivamente suyo y como si la conducción del Estado recayera sobre él por derecho propio. La ambición, siempre presente en la política, nunca había sido tan inmediata.
Los insultos lanzados contra el presidente - “mentiroso” y “títere”- son apenas la espuma del problema. Lo realmente inquietante es la arrogancia institucional: la convicción de que él tiene autoridad para dirigir, corregir o reemplazar al presidente. Sus supuestas “aperturas de mercado” con India, China, Japón o Corea tras reuniones informales revelan desconocimiento sobre cómo funciona el comercio exterior: tratados bilaterales, firmas protocolarias, análisis de impacto, homologación legislativa, definiciones arancelarias y un aparato técnico que no se improvisa. Menciona como logro presentar un proyecto para eliminar rentas de expresidentes, pero nada hace para construir consensos serios sobre la elección de vocales electorales, un proceso clave para la salud democrática.
A ello se suma su comportamiento errático. Designó autoridades inhabilitadas; viajó dos veces al exterior en dos semanas -a la COP30 y luego a ver un partido de fútbol en Paraguay- mientras en Achira las familias buscaban entre el lodo a las víctimas de la mazamorra.
Molesto por la destitución del ministro de Justicia, se dedicó a ventilar antecedentes de otros dignatarios de Estado, mencionando que no son probos para los cargos que ejercen, Pero si de antecedentes se tratara, ¿en qué quedan los casos abiertos en su contra cuando era parte de la Policía?
Todo esto ocurre en un momento extremadamente delicado para el país. Bolivia enfrenta una crisis económica devastadora, un Estado fragmentado y una institucionalidad que necesita respiración asistida. Este episodio revela algo más profundo: la urgencia de repensar seriamente si la figura vicepresidencial, tal como está concebida, contribuye o entorpece la gobernabilidad. La experiencia comparada y la historia nacional sugieren que el cargo, lejos de ser un apoyo, suele convertirse en un epicentro de ambiciones, conspiraciones o tensiones innecesarias. Quizás sea tiempo de debatir, con serenidad y valentía, una reforma constitucional que redefina sus límites o incluso su existencia.
Pero nada de esto exime al presidente Rodrigo Paz de responsabilidad. Él eligió a Lara, él lo defendió durante la campaña y él debe ahora ejercer las prerrogativas que la Constitución le otorga. Permitir que la deslealtad se normalice sería no solo imprudente, sino peligroso. Un país en ruinas no puede darse el lujo de incendiarse a sí mismo. Hoy más que nunca, se necesitan estadistas, no protagonistas de videos virales. Y la primera muestra de esa responsabilidad histórica debe venir del propio presidente.