El 12 de febrero de 2026, Carlos Eduardo Rodrigo Prado, director general ejecutivo interino de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), y autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) sellaron el “Convenio Marco de Co-Creación Digital”. Bajo la promesa de “Impulsar la Ciudadanía Digital y la Modernización del Estado”, el Estado admite su incapacidad para sostener su infraestructura tras una década de retórica sobre “soberanía tecnológica”, recurriendo a estudiantes para parchar un sistema fallido. Bolivia se ha convertido en un territorio donde los datos ciudadanos son mercancía en la Dark Web.
La Agetic, concebida en el Plan de Gobierno Electrónico 2017-2025 para lograr un “gobierno soberano” basado en software libre, aisló al país de estándares internacionales de seguridad. Se construyeron sistemas in-house frágiles y se despreció el cloud computing. Actualmente, la Agetic prioriza la gestión de imagen mediante campañas, descuidando la infraestructura técnica. La absorción de la Adsib hacia 2026 politizó la gestión de la identidad digital. Paralelamente, la interoperabilidad prometida por la Ley 1057 de 2018 es inoperante; instituciones clave operan en silos herméticos, obligando al ciudadano a digitalizar la burocracia.
En febrero de 2025, ocurrió una filtración masiva de datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), exponiendo huellas biométricas y militancia política por negligencia estatal, un hecho documentado por la Fundación InternetBolivia.org. Esta información circuló en la Dark Web, Telegram y Facebook Marketplace. Segurilatam reportó 323 ciberincidentes en el tercer trimestre de 2025, donde el 57% de las vulnerabilidades críticas fueron inyecciones SQL, evidenciando la falta de controles de calidad. Al minimizarse el problema, el Estado facilitó un aumento de fraudes de ingeniería social.
Esta crisis se agrava por la falta de una Ley Integral de Protección de Datos Personales. Desde 2019, anteproyectos impulsados por la Fundación InternetBolivia han sido ignorados, ya que el Estado rechaza someterse a una Autoridad de Control Independiente que garantice los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). Solo el municipio de Coroico aprobó en 2023 una Ley Municipal de Gestión de Datos.
La “Ciudadanía Digital” (Ley 1080) añadió complejidad administrativa con plataformas inestables. Persiste la exigencia de fotocopias físicas pese a la supuesta conexión institucional con el Segip, reflejando una cultura burocrática de desconfianza. Esto genera exclusión: ciudadanos rurales o vulnerables deben gastar en conectividad costosa o recurrir a intermediarios informales que exponen sus datos. La brecha digital se mantiene por la baja calidad de las conexiones fuera de las urbes.
El reciente convenio entre Agetic y universidades busca mano de obra gratuita y diluir la responsabilidad estatal ante fallas. Además, arriesga la integración de las ricas bases de datos universitarias con la infraestructura del gobierno sin protección legal. Departamentos de Informática y Derecho de la UMSA, UCB y Uagrm deberían condicionar su participación a la aprobación de una Ley de Datos y auditorías de seguridad.
Mientras Uruguay lidera en Gobierno Digital con la Agesic y Chile avanza hacia el cero papel, Bolivia se estancó en dogmas ideológicos. Nos dirigimos a un “Panóptico de Cartón”: un Estado que aspira al control total pero es incapaz de proteger su maquinaria. Ante este escenario, es urgente exigir:
• Aprobación inmediata de la Ley de Datos con una autoridad de control independiente.
• Auditoría Internacional (ONU, OEA) a la infraestructura de Agetic, Segip y el TSE.
• Moratoria en la implementación de Inteligencia Artificial estatal hasta contar con regulación legal.
La tecnología en Bolivia es hoy un grillete oxidado que lastima a sus ciudadanos.
(*) El autor es abogado y docente universitario