Tomy W. Pérez Alcoreza
Economista
En los últimos años, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ha endurecido su política de fiscalización hasta el punto de convertirla, a juicio de muchos contribuyentes, en una auténtica persecución. Las multas desproporcionadas, el congelamiento de cuentas bancarias por simples retrasos en la presentación de declaraciones juradas, las sanciones indexadas a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) sin criterio de proporcionalidad y las fiscalizaciones excesivas, han transformado el cumplimiento tributario en un verdadero calvario para miles de ciudadanos, profesionales independientes y empresarios.
No se trata de evadir responsabilidades ni de justificar la informalidad; se trata de visibilizar una realidad incómoda: la administración tributaria ha dejado de ser un órgano orientador y ha pasado a comportarse como una máquina recaudadora. Se ha perdido el equilibrio entre el deber fiscal y el respeto al contribuyente. Hoy, el que emprende, el que da empleo, el que genera actividad económica, siente que está bajo constante sospecha, como si fuera un enemigo del Estado.
La excesiva presión tributaria y la agresividad de la fiscalización alejan a los pequeños emprendedores del sistema formal, desincentivan la legalidad y perpetúan la informalidad. En lugar de incentivar el cumplimiento, el SIN termina generando miedo, rechazo e inseguridad.
Pero eso no es todo. A esta presión asfixiante se suma la improvisación y negligencia técnica. El SIN implementó modificaciones en los módulos del Sistema Integrado de la Administración Tributaria (SIAT), introduciendo nuevas funcionalidades sin haber realizado pruebas exhaustivas o, en el peor de los casos, lanzando plataformas incompletas, plagadas de errores de funcionamiento. El resultado ha sido un verdadero caos administrativo. Declaraciones juradas que no se procesan, créditos fiscales que desaparecen bajo el nuevo y confuso sistema de “cuenta corriente” y constantes fallos en la carga de datos han generado frustración y desconfianza. Como consecuencia, cientos de contribuyentes, auditores, contadores e incluso cámaras empresariales han manifestado públicamente su malestar y presentado reclamos formales, exigiendo una respuesta clara y soluciones efectivas al SIN. ¿La respuesta del SIN? Un silencio cómplice, sin explicaciones ni soluciones concretas. Solo postergaciones de plazos que pretenden maquillar una falla que nadie parece querer asumir.
¿Dónde están las conferencias de prensa cuando se trata de explicar los errores del sistema? ¿Dónde están los voceros cuando llega el momento de dar la cara a los contribuyentes que invierten tiempo, dinero y esfuerzo para cumplir con la ley? Es muy fácil salir ante las cámaras para presumir de cifras de “recaudación récord”, cuando en realidad muchas de ellas son consecuencia directa del efecto inflacionario y no de una verdadera mejora en la economía. Pero es mucho más difícil reconocer las fallas internas, los problemas técnicos y la falta de planificación que castigan a quienes, con su trabajo diario, sostienen el funcionamiento del Estado.
Los contribuyentes no son la billetera personal del Estado. No son enemigos a los que hay que perseguir con lupa y sanción. Son ciudadanos que mueven la economía, que generan empleo, que aportan al desarrollo del país. Merecen respeto, consideración y un trato técnico, no ideológico ni punitivo. Fiscalizar no es acosar. Controlar no es hostigar. Cobrar no es castigar.
Bolivia necesita con urgencia un nuevo régimen impositivo que promueva la inversión privada, impulse a los emprendedores y deje de castigar a quienes generan empleo y riqueza. Se requiere una administración tributaria moderna, eficiente y, sobre todo, humana. Una que entienda que sin contribuyentes no hay Estado, y que el respeto es un valor tan importante como la ley. El contribuyente ya ha aguantado bastante. Es hora de que se escuche su voz.