Quince mil millones de dólares invertidos en carreteras que se desmoronan. Saludo desde el raciocinio más inocente de mi ser, deseando que las comisiones de la verdad logren descubrir; en verdad, lo que ha ocurrido con el uso de nuestros recursos económicos y con las instituciones ejecutoras más importantes del país durante los últimos veinte años. Cierro mis ojos y sueño con las obras públicas y de infraestructura que podríamos haber tenido con una inversión cercana a los 55.000 millones de dólares.
Solo en carreteras se han destinado alrededor de 15.000 millones: vías concebidas como esenciales para el desarrollo de nuestra patria, aunque muchas de ellas quedaron atrapadas en un mal endémico que afectó a la mayoría de obras públicas de ese periodo.
Proyectos recién inaugurados con bombos y platillos presentaban defectos constructivos y estructurales desde su recepción provisional; ni siquiera “aguantaron” el periodo de prueba y carga que el contrato, el DBC y la ley exigen. Y no ha existido un brazo técnico ni operativo suficientemente firme por parte de las instituciones contratantes que haga cumplir la ley bajo la alternativa de ejecutar las garantías, que en todos los casos deberían ser boletas bancarias, precisamente para simplificar su proceso de ejecución.
No es necesario abundar en ejemplos; viene a mi mente la Doble vía La Paz – Oruro; un poco más de 200 km.; tramo estratégico que debería mejorar y modernizar el eje troncal de las importaciones y exportaciones de nuestro país. Desde su recepción provisional se podían observar fisuras de contracción en el asfalto y por deformaciones el paquete estructural; baches notoriamente recientes y curados sin el adecuado control técnico; y obviamente no soportó la prueba de carga y empezaron los problemas para Bolivia.
Se trata de una carretera tremendamente cara para los estándares nacionales; con una deficiente; por decir lo menos, ejecución técnica y llamativamente insuficiente supervisión técnica. Y lo más preocupante: ya a estas alturas (hablamos de los años 2014 – 2019), tercer periodo del proceso de cambio; donde deberíamos suponer que en 10 años de gestión, nos hemos convertido en expertos en diseño, financiamiento, contratación, ejecución y puesta en servicio de obras de este tipo. Aunque no lo podamos creer, estos errores se repiten hasta nuestros días, y sin solución alguna.
Ante tan evidente despilfarro de nuestros recursos; porque todos y cada uno de los bolivianos hemos invertido nuestros extraordinarios recursos provenientes de gas o pagaremos esos créditos; es urgente que la comisión de la verdad de las Obras Públicas realice no unas simples auditorias técnicas, sino una verdadera ingeniería forense.
Esta investigación debe ir más allá del cumplimiento técnico-administrativo; que aparece “en papeles”. Debe determinar el contexto integral de la contratación; convocar a los participantes de la licitación para identificar posibles vicios ocultos y establecer causas y responsabilidades. No basta con una revisión documental y técnica, a la calidad y conformidad de las partes; debe existir una investigación científica y pericial que determine causas. No basta con revisar planos, checklist o inspecciones oculares,; se requieren modelos estructurales, análisis forense de materiales, mecánica de fallas.
Un informe de Ingeniería Forense no solo analiza incumplimientos contractuales, no se limitará a realizar un cuadro comparativo de lo que exigía el contrato y de lo que se hizo; que seguramente estará “todo bien”. Emite un dictamen técnico pericial con causas y responsabilidades; su objetivo no es solamente descubrir si se cumplió o no con los términos contractuales; que posiblemente todos cumplan; sino el de que conozcamos con certeza por qué falló la obra y quién es el responsable.
Por una comisión de la verdad de Obras Públicas que el trabajo que todos los bolivianos estamos ansiosos por conocer. Solo así podremos conocer los resultados de 20 años de extraordinarios ingresos, establecer responsabilidades y garantizar que los errores del pasado no se repitan. La transparencia y la justicia técnica son indispensables para que nuestros recursos públicos cumplan su verdadero propósito: el desarrollo y bienestar del país.