En medio de reclamos por la calidad del combustible y de sectores que advierten con retomar los bloqueos de carreteras y asumir otras medidas de presión, el presidente Rodrigo Paz ordenó la intervención militar de todas las plantas estratégicas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Así, desde ayer, 1.500 efectivos resguardan las instalaciones energéticas. En el marco de este plan denominado “San Alberto”, nada entra ni sale de estas instalaciones si no es debidamente autorizado y controlado.
Para justificar esta medida, que por cierto tiene carácter indefinido, el presidente Paz hizo una grave acusación. Denunció “sabotaje”, aseguró que los responsables están identificados y que lo ocurrido con la venta de combustible de mala calidad “no fue un simple error técnico”, sino un acto deliberado y parte de un plan para desestabilizar al nuevo gobierno.
Aunque no citó nombres de los saboteadores, el mandatario indicó que “la mayoría de los criminales no están en Bolivia, pero que pedirá ayuda internacional para capturarlos.
No obstante, la medida gubernamental está lejos de calmar las aguas. Transportistas afectados aseguran que la militarización no resolverá los problemas de fondo. En tal sentido piden que se agilice el resarcimiento de daños que han sufrido sus rodados por causa del combustible desestabilizado; que se dé una explicación clara sobre el tipo de gasolina que se está comercializando y que, previo a la compra de combustibles, especialistas hagan pruebas de laboratorio para garantizar la calidad del producto adquirido.
(*) La autora es periodista