Evo Morales apareció con los ojos delineados. Lo hizo en una de sus últimas intervenciones públicas para declararse “perseguido político”, tras culminar la etapa investigativa del proceso penal en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas. El mandamiento de aprehensión del expresidente sigue vigente y su ejecución corresponde a la Policía Nacional, que debe actuar con apego a la ley y sin cálculos políticos.
El bullado asunto pone a prueba la solidez institucional del Estado. Si el Ministerio Público ha concluido la etapa investigativa, corresponde que el proceso avance sin dilaciones indebidas ni privilegios fácticos. La narrativa de “persecución política” es un recurso frecuente en América Latina cuando líderes enfrentan procesos penales; sin embargo, esa alegación debe probarse, no proclamarse. En un Estado de derecho, la legitimidad no se dirime en mítines ni en bastiones territoriales, sino en tribunales. Si existen garantías vulneradas, la defensa puede y debe impugnarlas ante el Órgano Judicial.
La impunidad, real o percibida, erosiona la confianza ciudadana y profundiza la polarización. Pero también se hace un uso instrumental de la justicia. Por eso, la clave está en la transparencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley. Que se fije fecha para el juicio oral de Morales y que comparezca sería una señal de institucionalidad. Lo contrario -la inacción prolongada- alimenta sospechas y debilita la credibilidad del sistema. En definitiva, más que un nombre propio, lo que está en juego es la fortaleza de las reglas democráticas en Bolivia.
(*) Presidente del Consejo Editorial