La eliminación del subsidio a los hidrocarburos es algo más que un ajuste técnico: es el momento incómodo de mirar la factura completa de una política que terminó por devorarse al Estado. Bolivia pasó de destinar unos 627 millones de dólares en 2020 a más de 2.400 millones en 2024 para subvencionar gasolina y diésel, según datos oficiales del Ministerio de Economía. La gasolina barata resultó ser, en realidad, un lujo fiscal que el país ya no podía pagar.
En 2025, el gasto rozó los 2.700 millones de dólares ejecutados, casi el 90% de lo presupuestado para ese rubro. Una cifra que invita a una pregunta tan simple como incómoda: ¿cuántos hospitales, escuelas o carreteras productivas se sacrificaron para sostener una burbuja de precios que daba la ilusión de bienestar mientras vaciaba las arcas públicas?
El subsidio ciego no distinguió entre necesidades ni méritos. Benefició por igual a propietarios de vehículos particulares, flotas informales y dueños de autos “chutos”, convertidos en inesperados ganadores de una política mal diseñada. En la práctica, el Estado terminó financiando redes de contrabando y mercado negro en las fronteras, pagando con recursos públicos un negocio privado y clandestino.
Ese incentivo distorsionado consolidó prácticas extractivas al margen del interés nacional. El saldo fue un Estado acorralado, reservas en caída libre y una sociedad acostumbrada a convivir con la ficción de la gasolina barata. Mirar atrás con honestidad obliga a admitir que el costo del subsidio no fue solo económico, sino también moral.