Durante casi dos décadas, la corrupción y el despilfarro se convirtieron en marca registrada de las gestiones del MAS a cargo de Evo Morales y, posteriormente, de Luis Arce. Bajo un discurso chapucero de “Estado productor”, “industrialización” y “soberanía económica”, se destinaron cerca de 8.000 millones de dólares para sostener 67 empresas estatales que, lejos de ser motores de desarrollo, terminaron convertidas en estructuras ineficientes, politizadas y permanentemente deficitarias. El resultado del desbarajuste es elocuente porque apenas se habría recuperado alrededor del 18% de lo invertido, mientras que cerca de 6.000 millones de dólares están prácticamente perdidos.
No se trató de errores aislados ni de proyectos mal calculados, sino de una lógica sistemática donde primó la propaganda sobre la planificación, el clientelismo sobre la eficiencia y la lealtad política sobre la capacidad técnica. Muchas de estas empresas nunca fueron viables, pero aun así siguieron recibiendo recursos públicos para maquillar fracasos y sostener un relato de éxito que no resistió el paso del tiempo.
Hoy, cuando las reservas internacionales se reducen, el déficit fiscal presiona y la economía muestra señales de agotamiento, la pregunta es inevitable: ¿quién pagará los platos rotos? La respuesta es clara y dolorosa: los ciudadanos. Pagan con impuestos más altos, con inflación, con menor inversión en salud, educación e infraestructura, y con un futuro hipotecado por decisiones irresponsables del pasado. El verdadero costo de este despilfarro no es solo contable: es social, económico y generacional. Deberían asumirlo, con todas sus consecuencias, quienes lo causaron y no sea a costa del bolsillo de los bolivianos.