La falta de ejecución de las órdenes de aprehensión contra Evo Morales, pese a la gravedad de los cargos en su contra -presunta trata de personas con agravante y abuso de una menor-, evidencia un signo claro de una impunidad institucionalizada en Bolivia. Aunque la Fiscalía de Tarija presentó la acusación formal en octubre de 2024 por esos delitos, y un juez emitió un mandamiento de detención en enero pasado, las fuerzas del orden no han procedido a la captura del exmandatario y caudillo cocalero, que permanece atrincherado en su feudo chapareño.
Las explicaciones oficiales ilustran la magnitud del problema: la Policía nacional reconoció tener pendientes numerosas órdenes de aprehensión y que la emitida contra Morales será ejecutada “cuando lo disponga la justicia”. Este retraso cuestiona seriamente principios fundamentales como la igualdad ante la ley, el derecho a la justicia y la credibilidad del sistema judicial. Que un exmandatario -y figura con fuerte influencia política y social- pueda evadir por tanto tiempo una orden de captura por delitos graves, revela que tener poder o respaldo político sigue funcionando como escudo.
La impunidad no sólo afecta a la víctima -una menor de edad, según la investigación-, sino que debilita la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia. Cuando la impunidad se percibe como estructural, el daño va más allá del caso individual porque socava el Estado de derecho y perpetúa la idea de que ciertos actores están por encima de la ley porque las barreras y chicanerías jurídicas convierten procesos judiciales sensibles en simples actos simbólicos.