El alcalde cruceño, Jhonny Fernández, presionó durante años al Concejo Municipal para aprobar una ley de regularización de derechos propietarios, con la idea de que miles de personas que ocuparon predios ajenos -o incluso bienes municipales- pudieran formalizar lo que nunca les perteneció. Pero, pese a la insistencia, chocó siempre con el rechazo de varios concejales que no estaban dispuestos a avalar semejante creatividad jurídica.
Ahora, el burgomaestre, tan pragmático como suele ser, opta por su fórmula favorita: la vía rápida. Un decreto edil que permita que quienes se adueñaron de lo ajeno -y que, con movilizaciones y otras artes, lograron incluso que les instalen medidores de luz- presenten una declaración jurada, paguen impuestos y, voilà, se conviertan en propietarios legítimos por obra y gracia del municipio. Un trámite exprés para blanquear irregularidades con sabor a legalidad.
Con esa jugada, don Jhonny está a punto de regalarle al diccionario político un nuevo sustantivo para el uso entusiasta de los justificadores compulsivos: “propietarios de buena fe”. ¡Magnífico! Cuando la norma “Fernández” entre en vigencia, seguramente con el correspondiente acto masivo, los avasalladores podrán adoptar esa nueva etiqueta con orgullo institucionalizado.
Y así, los ocupantes del Cordón Ecológico o de las cercanías de la laguna Guapilo deben estar ya organizándose para rendirle al alcalde un agradecimiento a la altura del gesto. Mínimo: hijo predilecto. Después de todo, no todos los días el poder municipal convierte lo ilegal en virtud cívica y lo ajeno en patrimonio… con recibo oficial.