El Tribunal Supremo Electoral ha comunicado que, por primera vez en la historia electoral de Bolivia, se elegirán 34.618 autoridades subnacionales inscritas por un total de 184 organizaciones políticas. 112 candidatos a gobernación, 37 a subgobernadores, 1.452 asambleístas y 2.961 candidatos a alcaldías. ¿Cómo explicamos esta efervescencia electoral?
Primero, la proliferación de candidaturas y siglas políticas en Bolivia no debe ser interpretada como un fenómeno de dispersión caótica o una muestra de inmadurez ciudadana. Por el contrario, nos encontramos ante un hecho sociológico de profunda significación que revela la transición de un modelo estatal agotado hacia una nueva configuración de la sociedad civil. Esta multiplicidad de candidaturas es, en última instancia, un avance fundamental en la recuperación de la salud democrática tras dos décadas de un autoritarismo populista que pretendió clausurar el disenso y uniformar la voluntad general bajo la sombra protectora del caudillo. Durante este largo periodo, la representación social fue secuestrada por una narrativa que redujo la complejidad de la nación a una sola categoría “popular”, excluyendo sistemáticamente a las identidades emergentes, por ello, la atomización que observamos hoy es el “deshielo” necesario de un cuerpo político que estuvo congelado por la lógica del pensamiento único. La recuperación de la democracia no es solo un acto electoral, sino la restitución de la pluralidad como el único escenario posible para la convivencia democrática en la modernidad.
En segundo término, esta proliferación es un síntoma de la descomposición del Estado autoritario y, de manera más profunda, el acta de defunción definitiva del ciclo histórico iniciado con la Revolución Nacional de 1952. Como se ha argumentado en trabajos previos, el proyecto del Movimiento al Socialismo no representó una ruptura real con el pasado, sino, más bien, la fase conclusiva y degradada del nacionalismo revolucionario iniciado por el MNR. El MAS-IPSP fue el encargado de cerrar el proceso de transformaciones que el viejo Estado del 52 dejó pendientes, especialmente en lo relativo a la inclusión indígena en las estructuras de poder real. Agotada esta tarea histórica bajo el signo de la modernidad capitalista, el Estado centralista y corporativo ha perdido su capacidad de organizar el aparato político en función de una narrativa común. La dispersión de candidatos es el reflejo de una sociedad que ya no cabe en el corsé del “Estado del 52” ni en sus fundamentos ideológicos obsoletos. La emergencia de una “burguesía chola” (junto a la aspiración de un “capitalismo popular” que hoy cabría en la expresión “capitalismo para todos”) y de nuevas clases medias urbanas, productos del mismo proceso, ha desbordado las categorías zavaletianas de lo “nacional-popular” para dar paso a un universo discursivo centrado en lo democrático-ciudadano, donde el individuo se instala como el nuevo interlocutor de la historia.
La tercera dimensión de este fenómeno radica en la recomposición de las formas de participación y representación de la ciudadanía. Asistimos a un tránsito histórico donde los antiguos mediadores (los partidos políticos tradicionales y las organizaciones sindicales de cuño corporativo) han perdido su potencia para interpelar a los nuevos sujetos sociales. El surgimiento del “Poder Ciudadano”, expresado con vigor en las movilizaciones de las “pititas”, marcó un punto de inflexión irreversible. En estos eventos, la protesta ya no buscaba la toma del poder por la vía del asalto revolucionario o el vanguardismo ideológico, sino la restitución de la condición civil de los individuos frente al autoritarismo de los últimos veinte años. Esta nueva sociedad civil opera bajo una lógica “glocal”, combinando demandas locales con una inserción plena en las dimensiones globales a través de las redes y la tecnología. La fragmentación política es, en realidad, el reflejo de una sociedad que rechaza los esquemas de gestión que han probado su ineficiencia y que busca un reconocimiento que ya no pasa por los marcadores étnicos o de raza impuestos por el régimen anterior, sino por sus derechos civiles y su participación directa en la toma de decisiones.
La transición de un modelo estatal a otro siempre se experimenta como una sucesión de momentos turbulentos, protagonizados por nuevas generaciones que intentan darle sentido a su accionar político a través de políticas públicas efectivas y no de dogmas ancestrales o retóricas vacías. Lo que está en juego en el actual escenario no es meramente quién ganará una elección, sino el diseño de un nuevo “Proyecto de Estado” capaz de ofrecer continuidad histórica a una nación que ha cambiado profundamente después de la bonanza malgastada. La demanda por una “democracia real” y no solo formal es el hilo conductor que une a estas nuevas expresiones políticas que exigen que, la libertad, la justicia y la solidaridad se traduzcan en una institucionalidad moderna y eficiente.
Desde la lectura de la situación electoral actual, la proliferación de candidaturas, lejos de ser un obstáculo, debe entenderse como la dialéctica necesaria entre el fin de un ciclo autoritario y el nacimiento de una democracia ciudadana que aún está en ciernes. El desafío para el sistema político, en consecuencia, estriba en transformar esta energía dispersa en una nueva institucionalidad que no reniegue de la modernidad capitalista, sino que la asuma como el marco en el cual las múltiples identidades bolivianas pueden coexistir y prosperar. La actual fragmentación es el síntoma de una sociedad que, tras haber agotado un ciclo de setenta años, busca con urgencia los derroteros que la conduzcan hacia una verdadera emancipación democrática.
[Este texto ha sido corregido con la asistencia de IA, Gemini.google.com]
(*) El autor es sociólogo