Una discusión cobra fuerza. Bolivia atraviesa una posición externa frágil: el saldo en cuenta corriente se encuentra en déficits recurrentes desde 2015, mientras que la factura de combustibles y la escasez de divisas presionan importaciones y actividad. Las reservas internacionales siguen bajas frente a los niveles de hace una década. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo refleja esa tensión y afecta a empresas y consumidores.
En este contexto, la pregunta “¿Bolivia necesita al Fondo Monetario Internacional (FMI)?” merece una respuesta menos dogmática y más empírica, sobre todo en un ambiente electoral donde la retórica y la demagogia ocupan espacios que deberían llenar la cordura, la evidencia y —el menos común de los sentidos— el sentido común. Un estudio en Journal of Monetary Economics (Kuruc, 2022) examinó decenas de crisis y halló que los programas del FMI aceleran la recuperación económica: en promedio, los países con programa crecen dos puntos porcentuales adicionales al año durante los primeros tres. El efecto tiene forma de “V” mediante un impulso de liquidez que estabiliza expectativas y luego se modera.
La severidad de la condicionalidad de los programas no explica por sí sola estos resultados; hay indicios —no concluyentes— de que la capacidad institucional para diseñar y ejecutar políticas también pesa. En nuestra coyuntura, eso se traduce en metas fiscales verificables y un compromiso real de reducir el déficit a corto y mediano plazo.
La experiencia histórica refuerza ese punto. Los ajustes exitosos suelen corregir la balanza de pagos y reconstruir reservas, pero solo se consolidan cuando están acompañados por un ancla nominal creíble —tipo de cambio o política monetaria— y un orden fiscal que reduzca el déficit público. Sin ese pilar, el alivio externo se evapora rápido; con él, la liquidez adquirida se transforma en menor inflación, mayor inversión y crecimiento más estable. La evidencia comparada muestra que el giro más rápido ocurre en el frente externo —cuenta corriente y reservas—, mientras que la inflación y el crecimiento solo se sostienen con un ancla nominal y un marco fiscal de mediano plazo en un giro más lento.
Un acuerdo con el FMI no es una solución mágica; es un puente de liquidez en dólares (que no emitimos) y credibilidad. Permite cerrar la brecha cambiaria, reponer reservas y ordenar una ruta fiscal-energética con reducción transparente de subsidios. Con metas medibles y señales claras, se reactiva la inversión, vuelve el crédito externo y mejora la balanza de pagos. No actuar ya pasa factura —divisas escasas, colas e incertidumbre—. Por eso el debate no es “FMI sí o no”, sino diseño y plan propio: liquidez para normalizar divisas e insumos, a cambio de disciplina fiscal, reglas claras y transparencia que ordenen al sector público, anclen expectativas y reduzcan la prima de riesgo. En lo operativo, tras el acuerdo, conviene fijar metas de reservas internacionales y de activos del banco central para reconstruir colchones sin expandir la emisión monetaria.
Con un ancla nominal firme, un cronograma verificable de reducción de subsidios y salvaguardas sociales, la transición se suaviza y vuelve la confianza. No será fácil. Pero, como recordaba el poeta romano Virgilio, el trabajo tenaz todo lo vence. Entonces, ¿se necesita un programa del FMI para solucionar nuestra crisis de la balanza de pagos? La respuesta es claramente sí.