Desde que el presidente de YPFB habló de un “bache” en el abastecimiento, la sospecha de escasez se volvió crisis. Lo que debía ser una explicación técnica detonó el caos: el anuncio provocó compras nerviosas, acopio ilegal y colapso en la distribución. Dorgathen culpó al Ministerio de Economía, y este deslindó responsabilidad. ¿Puede un país soportar semejante nivel de desgobierno? La función pública no admite excusas: implica prever, gestionar y responder. Cuando las autoridades se culpan entre sí, el daño ya no es logístico, es moral.
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, muchas estaciones reportan cero stock. La Cámara Agropecuaria del Oriente advirtió que el agro requiere 150 millones de litros de diésel para no frenar la campaña de verano. En Santa Cruz, los 35 millones prometidos por el Gobierno no cubren una demanda que ronda los 40 millones mensuales. La falta de combustible retrasa siembras, eleva costos, frena exportaciones y ha reducido el transporte interdepartamental hasta un 70%.
Mientras tanto, los productores pasan semanas varados en carreteras esperando cisternas que no llegan. En las ciudades, miles duermen en las filas de los surtidores, víctimas del desprecio institucional. No es un simple fallo operativo: es un maltrato al ciudadano, una humillación a su dignidad. Un gobierno que somete a su pueblo a esta penuria no gobierna: ha perdido la autoridad moral para hacerlo.