Un total de Bs 719.484 ($us 103 mil aproximadamente) es la deuda que tiene el edificio donde están las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), por no pagar impuestos durante 11 años. El municipio paceño anunció el embargo del bien y que colocará un custodio en el mismo.
“Ahora figura como propietario el Fondo de Pensiones, pero debería regularizarse, porque hay una ley que le otorga la cesión en comodato (a la Apdhb). La solución es ni para ti ni para mí (en referencia a las partes en disputa); debemos ser custodios, no deberíamos usarlo para otro fin, porque hay una ley (que la protege)”, afirma un boletín del municipio paceño atribuido al alcalde Iván Arias.
La Apdhb enfrenta su peor crisis, luego que el grupo de Édgar Salazar, el dirigente paralelo, afín al Gobierno de Luis Arce, tomara por la fuerza el edificio a inicios de junio y desalojara a Amparo Carvajal. Desde esa fecha, la Policía puso un gran contingente de efectivos, que impide el ingreso del grupo de Carvajal.
Desde entonces, la veterana activista de DDHH, logró instalar una vigilia en el ingreso trasero de este edificio; días después sorprendió a los policías e ingresó a la azotea y se mantiene en el mismo lugar desde hace más de una semana. Este jueves, el Gobierno a través del ministerio de Salud y de personal del hospital de Clínicas intentó convencer a Carvajal de recibir atención médica, pero sin éxito.
El burgomaestre tiene un programa denominado “El Negro en el blanco de la gente”, que se difunde por una emisora local; en ese programa la directora Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra, y la secretaria municipal de Educación y Desarrollo Social, Amparo Morales, explicaron la situación legal del inmueble, cuyo registro propietario permanece a nombre del Fondo de Pensiones de la Banca Privada; a pesar de que en 2002 fue cedido, en calidad de comodato, a la Apdhb a través de una ley promulgada por el presidente de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada.
En octubre del año pasado, el municipio emitió una resolución donde se hace constar que la deuda asciende a Bs 402.216 . “Sin embargo, la multa por omisión de pago representa el 80% del impuesto determinado, que es Bs 217.268. En consecuencia, la deuda asciende a los Bs 719.484”, detalló Lastra.
Mientras que Amparo Morales explicó que, luego de la cesión que realizó la banca privada a la Apdhb, que fue refrendada a través de una ley, sus responsables nunca realizaron los trámites para el cambio de nombre y, por tanto, el inmueble es de propiedad del Estado.
“Es del Estado (el inmueble), mientras no se haya regularizado el derecho propietario que debe tener la Asamblea y además la Alcaldía está siendo afectada por la falta de pago (de impuestos); por tanto el inmueble deber ser embargado, porque no hay garantía de pago y hasta que se arregle la regularización”, dijo la funcionaria.