Luis Fernando Roca, asesor general de la Gobernación, aseguró que se realizará el pago de los prediarios a los privados de libertad en este mes, correspondiente a octubre. Del mismo modo, que se efectuarán los respectivos pagos a los hogares de menores, mientras que se están buscando recursos para priorizar las bolsas alimenticias para los adultos mayores, lo que -explicó- está sujeto a un tema administrativo que depende de una licitación, así como también el desayuno escolar en los municipios.
Roca manifestó que desde la Gobernación trabajan para cumplir con sus obligaciones con los programas de políticas sociales, que incluyen mujeres en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, niños y adolescentes en los diferentes hogares, y los prediarios para los privados de libertad.
En ese sentido manifestó que están haciendo todos los esfuerzos económicos en la búsqueda de recursos por impuestos y tasas.
Roca añadió que ya no se puede seguir soportando el pago de responsabilidades del Gobierno central con los recursos que fueron traspasados a las gobernaciones en el país.
Explicó que el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz ha recibido este año un 30% menos de los recursos por concepto de regalías e IDH. Es decir, de Bs 75 millones al mes, que se debería recibir por regalías, solo ingresaron entre Bs 50 y 52 millones respectivamente, dinero que es destinado a obras públicas y servicios en obras sociales, por lo cual la afectación es proporcional.
Roca pidió que el Gobierno nacional deje de sumir en esta pobreza a las gobernaciones, por traspasar sus responsabilidades administrativas, como: los prediarios, los títulos de bachilleres, los ítems de médicos y los bonos de vacunación. Insistió en que esas son responsabilidades del TGN y de ministerios como el de Salud y el de Educación. Añadió que representa un alto costo para la Gobernación,
Prediarios
Con respecto a las amenazas con proceso penal por la deuda de los prediarios para los privados de libertad de Palmasola, el asesor general afirmó que este déficit no es responsabilidad del gobernador en ejercicio ni de los secretarios, sino que obedece a la realidad económica que vive el país, ahora que ya no existen las reservas de gas ni exportación de hidrocarburos. Señaló que lo que corresponde es que los internos y sus familiares reclamen el pago de los prediarios al Gobierno central, debido a que constitucionalmente está entre sus competencias la atención a las cárceles, la seguridad ciudadana y la Policía.