El cambio climático se consolida como uno de los principales factores de transformación económica a escala global. Más allá de sus efectos ambientales, sus impactos comienzan a medirse en productividad, ingresos y empleo. El reciente informe “Empleos en un clima cambiante” del Banco Mundial advierte que, en países de renta baja y media, las pérdidas podrían alcanzar hasta el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2050 y afectar a millones de trabajadores si no se adoptan medidas de adaptación oportunas. Sin embargo, el mismo documento abre una ventana de oportunidad: las políticas de resiliencia climática podrían proteger o generar hasta 149 millones de empleos.
Desde el Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) en Bolivia, centro de pensamiento estratégico de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), la lectura del informe enfatiza precisamente ese potencial transformador. Ronald Bedregal, responsable del ONT, sostiene que el desafío climático puede convertirse en un punto de inflexión para modernizar el mercado laboral nacional.
“La resiliencia climática debe entenderse como una estrategia de generación de empleo y no únicamente como una política ambiental”, afirmó Bedregal. A su juicio, el informe del Banco Mundial “ofrece una hoja de ruta clara para que economías vulnerables transformen el riesgo en oportunidad”.
El organismo internacional, luego de analizar 93 economías, estima que, sin intervenciones de adaptación, hasta 260 millones de empleos podrían verse afectados en países de renta baja y media. No obstante, también señala que inversiones en infraestructura resiliente, prácticas agrícolas sostenibles y planificación urbana adecuada podrían reducir entre 4% y 5% las pérdidas de ingresos laborales en escenarios adversos.
Para el ONT, ese dato confirma la necesidad de anticipación. “Invertir hoy en adaptación significa proteger ingresos mañana”, señaló Bedregal. En el caso boliviano, donde sectores como la agricultura y la minería concentran una parte significativa del empleo y son altamente sensibles a fenómenos como sequías e inundaciones, la planificación adquiere un carácter estratégico.
El análisis del Observatorio destaca que la transición hacia economías con bajas emisiones no implica necesariamente una contracción neta del empleo. Si bien algunos sectores intensivos en carbono podrían experimentar ajustes, otros vinculados a energías renovables, gestión ambiental y economía circular tenderían a expandirse.
“Estamos frente a una transformación estructural del mercado laboral”, explicó Bedregal. “No se trata de sustituir empleos, sino de reconvertir capacidades y preparar a la fuerza laboral para nuevas demandas productivas”.
En un contexto nacional marcado por altos niveles de informalidad, la integración de la resiliencia climática en las políticas laborales también podría contribuir a cerrar brechas estructurales. El ONT plantea que la transición verde puede articularse con procesos de formalización, capacitación técnica y fortalecimiento de competencias digitales.
“El cambio climático redefine las reglas del empleo, pero también acelera innovaciones que pueden dinamizar sectores emergentes”, sostuvo Bedregal. Según el Observatorio, la creciente demanda de habilidades tecnológicas y verdes abre oportunidades para la juventud y para trabajadores que busquen reconversión laboral.
El informe del Banco Mundial, además, señala que los impactos agregados en ingresos laborales bajo trayectorias de bajas emisiones serían moderados hacia 2030, aunque con diferencias sectoriales significativas. Para el ONT, esta dinámica refuerza la necesidad de políticas complementarias, como programas de reentrenamiento y mecanismos de protección social.
“Si gestionamos la transición con visión estratégica, Bolivia puede fortalecer su mercado laboral en lugar de debilitarlo”, afirmó Bedregal. “El desafío climático no solo implica adaptación, sino modernización productiva”.
Desde esta perspectiva, el debate ya no gira exclusivamente en torno a las pérdidas potenciales, sino a la capacidad de respuesta institucional y productiva. Para el Observatorio Nacional del Trabajo, el informe internacional constituye una señal clara: la resiliencia climática puede convertirse en un motor de empleo sostenible si se integra de manera decidida en la planificación económica.